La senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, afirmó que el Poder Legislativo no puede permitir que haya retrocesos en la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por lo que debe evaluar su funcionamiento, así como el desempeño de sus operadores, para detectar las posibles fallas.

Apuntó que las y los legisladores han percibido preocupaciones e incluso críticas que van desde las opiniones doctas, serias y autorizadas, hasta aquellas que por desconocimiento del sistema acusatorio, desinformación o cálculos mediáticos se han pronunciado al respecto, todos alrededor de una preocupación que, sin duda, es legítima.

La legisladora del PRD  comentó que es imprescindible tener en cuenta que las reformas legislativas por sí solas no garantizan un funcionamiento adecuado del sistema de justicia penal, la correcta implementación y operación por parte de quienes lo operan día a día es la única manera de poder generar una evaluación objetiva.

Recordó que por mandato constitucional, la ejecución de las sanciones tiene como principio rector la reinserción social y resulta contradictoria que diversas autoridades critiquen a quienes han cumplido los requisitos necesarios para lograr su reinserción a la comunidad puedan acceder a ésta, siendo éste uno de los principales objetivos del sistema.

En ese sentido, de la Peña Gómez enfatizó que “cuando me refiero a los asuntos mediáticos, el mensaje que se da a la sociedad no corresponde a la realidad de lo que se tiene que hacer para garantizar que este sistema realmente se funde en la reinserción social”.

Las autoridades deben acatar con seriedad el mandato constitucional de la reinserción social y generar instrumentos de análisis y evaluaciones sobre las personas que recuperan su libertad, dado que el problema no es la figura de la prisión preventiva, ya que ésta de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, puede proceder por cualquier delito siempre y cuando el ministerio público justifique la necesidad de que la persona imputada represente un riesgo de fuga, un obstáculo para la investigación o riesgo para la víctima o la comunidad.

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado resaltó que los paradigmas anteriores del sistema inquisitivo se han roto, y hoy el derecho penal está inscrito indisolublemente en el marco de los derechos humanos.

El objetivo es que responda de la mejor manera a las víctimas de los delitos respetando y reestableciendo todos sus derechos, obteniendo justicia pronta y expedita y procurando la reparación integral del daño, todo ello con pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas imputadas pero también de las víctimas.

A nueve años de la aprobación de la reforma constitucional en materia de justicia penal y a un año de su operación en todo el país, es necesario disponer de información, indicadores y evaluaciones que permitan conocer a fondo las fortalezas y las debilidades del sistema de justicia.

Finalmente, la senadora Angélica de la Peña dijo que de ser necesario, se realizarán los ajustes legislativos necesarios sin tocar la Constitución, porque hacerlo significaría una contrarreforma.

“En todo caso, podríamos darnos tiempo para que lograr una correcta profesionalización y capacitación y entender que no se puede llevar a cabo este nuevo sistema con los recursos del otro sistema que ya está ausente en nuestro marco jurídico fundamental.”