La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM) deben implementar acciones a favor de la comunidad venezolana que ha migrado a México, a causa de la crisis política, económica y de seguridad en ese país sudamericano, para su inclusión y su mejor estadía en nuestro país, solicitaron la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y el senador Daniel Ávila Ruiz.

Mediante un punto de acuerdo enlistado en la sesión de la Comisión Permanente, pidieron que se ayude particularmente a aquellos migrantes venezolanos que ingresan por Cancún, Quintana Roo, y que no son atendidos por el Consulado de su país, así como a aquellos son afectados por la negativa de entrada a territorio mexicano y que quedan en un estado de indefensión e incertidumbre.

“En México, los venezolanos se han convertido en la quinta comunidad extranjera, con más de 15 mil residentes el año pasado, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población; en 2010 la comunidad venezolana no se encontraba en los diez primeros lugares; datos de la Secretaría de Gobernación precisan que las tarjetas de residente para venezolanos pasaron de mil 552 en 2013, a 4 mil 826, en 2016”, apuntaron.

Puntualizaron que de acuerdo a cifras de la Asociación de Venezolanos en Yucatán (Aveyuc), más de 6 mil ciudadanos de ese país viven en Quintana Roo.

Dijeron que esta organización ha señalado que más del 90 por ciento de los venezolanos que intentan ingresar al país no son admitidos, aunque cuenten con una visa de trabajo otorgada por el Gobierno mexicano.

“Han denunciado que los viajantes son encerrados en instalaciones no adecuadas por largos periodo de tiempo desde su arribo a los módulos de migración y hasta que son notificados de que no serán admitidos; se ha reportado que algunas aerolíneas se ocupan voluntariamente de brindarles agua y alimento a los viajantes durante la ‘inadmisión’, pues las autoridades migratorias no proveen nada a los pasajeros durante el proceso”, destacaron.

Los legisladores de Acción Nacional lamentaron que los representantes diplomáticos en México del Gobierno de Maduro les niegan la asistencia consular a los venezolanos, por lo que éstos quedan en estado de indefensión.

En ese contexto, señalaron Gómez del Campo Gurza y Ávila Ruiz, miles de venezolanos han salido de su país huyendo de tan deplorables condiciones de vida.

“La situación en Venezuela es muy preocupante, pues el presidente Nicolás Maduro tiene secuestrado al Poder Judicial, con jueces nombrados por la Asamblea Legislativa anterior, dos semanas previas a que juramentara el siguiente Parlamento de mayoría opositora; también tiene secuestrado al Consejo Nacional Electoral, que le negó a los venezolanos el derecho a un referendo revocatorio, pero agilizó el proceso de elección de una Asamblea Constituyente ilegal”, expusieron.

Afirmaron que el Gobierno de Maduro ha prohibido que la gente se manifieste en las calles.

Lamentaron los asesinatos sistemáticos de ciudadanos que levantan la voz por un país mejor, así como la existencia de más de 400 presos políticos y un asedio continuo de fuerzas de la Guardia Nacional Bolivariana contra diputados democráticamente electos.

“Apenas tomó posesión, la Asamblea Constituyente destituyó a Luisa Ortega como fiscal General de la República, quien ha sido una voz crítica del régimen de Maduro desde hace unos meses, lo cual demuestra que será un instrumento de represión política contra todo aquel que piense diferente al madurismo”, agregaron.

Por ello, reiteraron que es necesario que la Cancillería mexicana y el INM actúen a favor de los migrantes venezolanos que arriban al país debido a la crisis que prevalece en la nación sudamericana.