El titular del Poder Ejecutivo de Coahuila debe garantizar el respeto irrestricto a la libertad de expresión y al derecho a la información de los habitantes, así como a cesar de inmediato cualquier agresión en contra de las y los periodistas en el estado, demandó el senador panista Luis Fernando Salazar Fernández.

Mediante un punto de acuerdo turnado para su análisis a la Primera Comisión de la Permanente, Salazar Fernández exhortó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a implementar mecanismos de proteccioìn y prevencioìn de la integridad fiìsica, moral y económica de periodistas, de conformidad con la Ley para la Proteccioìn de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y sus disposiciones reglamentarias.

Asimismo, solicitó a la Segob implementar las acciones necesarias para garantizar que la seguridad otorgada por el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos se brinde de manera eficaz y oportuna.

A pesar de las acciones para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, anunciadas por el Gobierno federal en la pasada reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la persistencia de denuncias y agresiones en contra de reporteros reflejan la falta de condiciones para el ejercicio pleno del periodismo profesional en México, abundó.

“Coahuila es un estado que ha dado muestra de la urgencia que tiene el Estado mexicano de garantizar los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información, consagrados en la Constitución y ratificados por el país en diversos tratados internacionales”, resaltó el senador por dicho estado.

Recordó que durante el pasado proceso electoral, diversos comunicadores en el estado --preocupados por las agresiones derivadas del ejercicio periodístico--, solicitaron la intervención del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la intimidación de la que fueron objeto en redes sociales, tras haber sido críticos de la actuación de diversos funcionarios de la actual administración.

Desafortunadamente, algunos de ellos han manifestado su preocupación por advertir represalias por parte del Gobierno del estado, con motivo de su labor. Tal es el caso del periodista Guillermo Flores, quien tras varios años de desempeñar su profesión en los medios tradicionales, practica hoy el periodismo a través de su página de Facebook, siendo una voz crítica de la administración estatal y de las autoridades electorales responsables de garantizar la debida conducción del proceso electoral pasado, indicó en su exposición de motivos.

“La presencia de personas armadas afuera del domicilio de sus familiares; llamadas telefónicas con la amenaza de hacerle daño a su familia; operativos, la detención de sus trabajadores y la clausura en dos ocasiones, sin motivo alguno, de negocios de los que forma parte, son tan sólo algunas de las acciones que lo han llevado a solicitar el amparo del Mecanismo de Proteccioìn para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, lamentó.

Como él, detalló el senador del PAN, muchos periodistas en Coahuila y en diversas entidades del país han visto amenazada su profesión, ante las agresiones de diversos servidores públicos que incumplen con su obligación de respetar el derecho a la libertad de expresión, y que ante su intolerancia a la crítica y la inconformidad frente a su actuar, buscan censurar y desaprobar voces disidentes del ejercicio del poder.

“La libertad de expresión es una de las condiciones necesarias para la existencia y construcción de un régimen democrático. Este derecho no puede sino ejercerse desde la libertad y desde el pleno respeto para su ejercicio por parte de las propias autoridades de nuestro país. Por ello, el Estado mexicano debe garantizar una protección real y efectiva para quienes el ejercicio de su profesión en nuestro país representa hoy una amenaza a la vida, a la integridad, libertad y seguridad, por el simple hecho de desempeñar esa labor”, indicó.

México ha sido considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo, lamentó el legislador federal.

En el primer semestre de 2017, dijo, esta crisis se ha hecho evidente por hechos reprobables como la privación de la vida de ocho periodistas, así como en las diversas denuncias de hostigamiento, amenaza, agresión y represión de la que han sido objeto quienes hoy ejercen la actividad informativa en los diversos estados del país.