·         Jefe de Gobierno de la CDMX y gobernadores están teniendo un comportamiento irresponsable, sostiene Miguel Barbosa

 

Los altos índices de criminalidad que se registran en gran parte del país son responsabilidad del Gobierno federal y de los estatales, quienes están tratando de engañar a la población culpando al nuevo proceso penal acusatorio para volver al modelo inquisitivo de abuso de autoridad, sostuvo el senador Miguel Barbosa Huerta.

El legislador poblano destacó que en el país, la percepción de los mexicanos sobre la inseguridad ha aumentado y, de acuerdo con estadísticas, el pasado mes de mayo fue el más violento en este siglo.

“La nota roja llena la información diaria, las bandas criminales se mueven libremente y los delitos ordinarios son el día a día en nuestra convivencia social”, lamentó el legislador.

En ese sentido, aseveró, tanto el Gobierno federal como los estatales y de la Ciudad de México intentan justificar su ineficacia para garantizar la seguridad pública, culpando del aumento incontrolable de la criminalidad al nuevo proceso penal acusatorio y oral.

“Intentan ocultar la omisión de sus gobiernos por no haber capacitado y profesionalizado a policías, peritos, ministerios públicos y jueces, así como en destinar recursos  para ello; no se prepararon en ocho años, término constitucional para la implementación del citado proceso penal acusatorio y oral”, apuntó.

El senador del bloque PT-Morena afirmó que la estrategia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, de gobernadores, de procuradores de justicia y fiscales generales y de los titulares del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es absolutamente irresponsable, alejada del comportamiento que toda autoridad debe tener.

“Su estrategia es meter miedo a la gente por la aplicación de la ley; han mentido al decir que el otorgamiento de la libertad condicional de presuntos delincuentes es la causa del crecimiento de la violencia”, expresó.

Barbosa Huerta aseguró que el proceso penal acusatorio y oral representa la transformación del anterior existente, el cual era un proceso inquisitivo, donde los abusos de la autoridad, confesiones obtenidas por tortura, declaración de testigos falsos y peritajes a modo eran constantes.

“Hoy, bajo el nuevo proceso todas las diligencias deberán ser desahogadas bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y tendrá el proceso por objeto el esclarecimiento de los hechos, la protección al inocente, hacer  que el culpable no quede impune y que se reparen los daños causados por el delito”, explicó.

Miguel Barbosa acusó que quienes descalifican a este nuevo proceso sostienen que su aplicación provocará la salida masiva de las cárceles de delincuentes que alcanzarán su libertad y por ello han manifestado que presentarán una iniciativa de reformas al nuevo sistema, sumándose a la que presentaron diputados del PRI en ese sentido.

“Se trata de una propuesta regresiva, de una contrarreforma que pretende anular garantías procesales y que permitiría a los ministerios públicos y jueces, abusar de la autoridad en detrimento de cualquiera”, advirtió.

 

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