La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna advirtió que la crisis en materia de seguridad y de violaciones a los derechos humanos en la que nos tiene inmersos el gobierno de Enrique Peña Nieto, requiere con urgencia que los Poderes de la Unión actúen de manera contundente, para que nuestras garantías sean efectivas y así asegurar el ejercicio de nuestros derechos y libertades.
“Por ello, es indispensable que el Poder Judicial Federal asuma un papel determinante para trazar una ruta que permita conocer lo que ha pasado con la utilización del sistema “Pegasus” y con ello, las violaciones constitucionales en que ha incurrido el Poder Ejecutivo”, agregó.
A consideración de la legisladora perredista, el Poder Judicial, en el ámbito de su competencia debe coadyuvar en la labor de investigación de este caso, cumpliendo con el principio de máxima publicidad, es decir, elaborar un informe estadístico de los últimos 5 años en calidad de urgente donde refiera el número de solicitudes formuladas por el Ministerio Público Federal y/o por los Ministerios Públicos Estatales para intervenir comunicaciones privadas; el número de solicitudes otorgadas; los delitos por los cuales han sido entregadas dichas intervenciones; Fiscalías o Procuradurías que han solicitado las intervenciones; temporalidad de las solicitudes y la temporalidad de la permanencia de las intervenciones; así como el número estadístico de asuntos judiciales en donde se han utilizado como pruebas los resultados de las intervenciones concedidas.
“Considerando que el uso de este tipo de software espía es una herramienta ilegal siempre que no cuente con una autorización judicial para su uso, creemos que conocer directamente del Poder Judicial su información estadística y tener acceso inmediato a las bases de datos personales, permitirá saber cuántos de los casos registrados son legales y cuántos son ilegales”, subrayó.
Padierna Luna afirmó que, de acuerdo con las obligaciones del Poder Judicial establecidas en la Constitución sobre los derechos ARCO y del manejo de información de datos personales, sensibles y privados, se debe establecer un procedimiento expedito de acuerdo a su marco legal, para que las personas que están siendo espiadas puedan acceder a sus datos personales que se encuentren registrados en las bases de datos correspondientes al interior del Poder Judicial de la Federación y se les informe de manera inmediata si esos datos fueron obtenidos por integrantes del Poder Judicial o si fueron compartidos por alguna otra autoridad.
“Nuestra democracia está en grave peligro y, por ello, se requieren acciones urgentes y contundentes. Pues ignorar el tema sería dejar en estado de indefensión a periodistas, activistas, defensoras de derechos humanos y en general de toda la ciudadanía. Y eso no lo debemos permitir”, concluyó.
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