La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Dolores Padierna Luna, aseveró que el uso y abuso de un sistema de espionaje para vigilar a abogados, activistas y periodistas críticos de la actual administración de Enrique Peña Nieto, refleja un “método sistemático para aplicar una política de hostigamiento y no de protección a quienes se han convertido en una amenaza creciente para el autoritarismo prevaleciente”.
“La publicación reciente del reportaje en The New York Times sobre el uso y abuso de un sistema de espionaje destinado sólo a instancias gubernamentales para vigilar a abogados, activistas y periodistas críticos refleja un método sistemático de la actual administración federal de Enrique Peña Nieto: aplicar una política de hostigamiento y no de protección a quienes se han convertido en una amenaza creciente para el autoritarismo prevaleciente”, indicó.
Respecto de la investigación realizada por organizaciones como Artículo 19, la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, Social Tic y la organización canadiense Citizen Lab, la líder parlamentaria afirmó que “se trata de infectar las comunicaciones privadas de los afectados, a través de un malware llamado ‘Pegasus’ dirigido contra abogados del Centro Miguel Agustín Pro, de la periodista Carmen Aristegui y de su hijo Emiliano, contra colaboradores de Aristegui que participaron en la investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto y hasta en contra de Carlos Loret de Mola, conductor de Televisa, por su investigación del caso Tanhuato”.
Asimismo, agregó que se invadió la privacidad de los periodistas Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, colaboradores de la organización Mexicanos Contra la Corrupción, así como de los activistas y académicos Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano por la Competitividad quienes recibieron al menos 4 mensajes intentando infectar sus dispositivos móviles.
Padierna Luna manifestó que un gobierno democrático espía, siempre y cuando existan marcos legales y órdenes judiciales claros contra una amenaza al Estado de derecho.
“Un gobierno autoritario y torpe confunde a los terroristas con los periodistas, al crimen organizado con los defensores de derechos humanos y, lo peor, confunde el espionaje con la invasión sistemática a la privacidad de los ciudadanos”, dijo.
Comentó que el espionaje sin una labor de inteligencia eficaz es “simplemente paranoia, ineficaz y autoritaria”.
“Los servicios de inteligencia de un Estado democrático deben servir para atrapar a los asesinos de periodistas o a los responsables de matanzas como las de Tlatlaya o de desapariciones forzadas como la de los normalistas de Ayotzinapa. Aquí parece ser todo lo contrario: el espionaje sirve para intimidar al mensajero y a los defensores de las víctimas”, señaló.
Padierna Luna explicó que la empresa fabricante del malware, llamado Pegasus es de la compañía Grupo NSO y se calcula que el gobierno mexicano le pagó 15 millones de dólares para tres proyectos desde 2013.
Refirió que el portavoz del grupo empresarial, Zamir Dahbash, declaró al propio periódico neoyorquino que la venta de este tipo de tecnología quedó restringida sólo a gobiernos autorizados y exclusivamente para investigar terroristas y admitió que no existe ningún mecanismo de control para verificar el uso “legal” de su tecnología de espionaje.
“¿Acaso Carmen Aristegui y su equipo constituyen una peligrosa célula terrorista para el gobierno peñista? ¿Será que los abogados defensores del Centro Miguel Agustín Pro apoyan a enemigos del Estado? ¿En qué momento mexicanos contra la Corrupción se volvió una amenaza equiparable al crimen organizado?, si no fue así, ¿por qué el gobierno y las instancias como la Secretaría de la Defensa, el CISEN o la PGR no tuvieron el más mínimo control para evitar este tipo de espionaje ilegal e intimidatorio?”, cuestionó.
La legisladora perredista aseguró que “estamos ante una auténtica crisis de Estado” y consideró que aprobar la Ley de Seguridad Interior sin resolver la responsabilidad de quienes ordenaron y financiaron “estos y otros casos de espionaje contra ciudadanos es abrir las compuertas al fascismo. Es el camino más corto para eliminar las garantías individuales y convertirnos en un Estado policíaco”.
“Es urgente y de obvia resolución que los titulares de la Procuraduría General de la República, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional comparezcan ante esta Comisión Permanente para que expliquen a esta representación nacional sobre las adquisiciones, uso, gastos y operaciones del sistema Pegasus adquirido a la empresa NSO Group”, insistió.
---000---