Ante la denuncia realizada por periodistas, activistas y personas defensoras de derechos, la senadora Angélica de la Pëña propondrá que la Comisión de Seguridad Nacional cite a comparecer al Secretario de Gobernación a efecto de que informe y transparente los contratos suscritos entre el Gobierno mexicano y la Empresa NSO para la utilización del programa de espionaje Pegasus.
Asimismo, solicitará a los titulares del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), al titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), a que remitan informe público relativo a cualquier adquisición y/o contrato acordado con las empresas NSO Group, Balam Seguridad Privada S.A. de C.V., Grupo Tech Bull S.A. de C.V. y Security Tracking Devices S.A. de C.V., así como cualquier otra que preste o haya prestado servicios relacionados con el Software Pegasus, así como sobre el uso que se le ha dado, incluyendo datos respecto de contratos, gastos y equipo adquirido.
La senadora del PRD informó que presentará un punto de acuerdo de urgente resolución, pues consideró inadmisible que esta denuncia se presente en un momento en el que la situación de periodistas y personas defensoras de derechos humanos atraviesa por una situación particularmente sensible, que incluso ha merecido que el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, haya señalado que las amenzas contra los periodistas son un imperativo al que debe responder el Estado mexicano.
“El Poder Ejecutivo está obligado a impulsar una investigación y a garantizar que los funcionarios responsables sean procesados. De igual forma, el Poder Ejecutivo debe tomar medidas para garantizar la privacidad, la seguridad y la integridad de las personas que han encontrado rastros de este programa de espionaje en sus equipos electrónicos (incluyendo a sus familias)”, exigió de la Peña Gómez.
Indicó que es sumamente grave que pese una acusación de espionaje en contra del gobierno federal, pero aún mas preocupante es que se trata de una muestra de las facultades que se pretenden legalizar con la Ley de Seguridad Interior, la cual que dejaría en total vulnerabilidad a los derechos humanos de todos los y las mexicanas.
“Si hoy con todo un marco de controles jurídicos y protección para los derechos humanos se atreven a espiar las comunicaciones privadas de activistas y periodistas, ¿qué podemos esperar con una ley de seguridad interior? Nadie podría sentirse seguro, sería una política de intimidación, de censura”, advirtió la legisladora.
En este sentido, comentó que el tema será analizado en el Conversatorio “Seguridad Pública y Derechos Humanos”, que realizará el día de mañana, a las 11:00 hrs. en el Senado de la República y contará con la participación de Catalina Pérez Correa (CIDE), Denisse Dresser (periodista y politóloga), Edgar Cortés (IMDHD), Santiago Aguirre ( Centro PRODH) y José Antonio Guevara (CMDPDH).
Señaló que también solicitará:
· A la Procuraduría General de la República que realice, de manera diligente y en plazo breve, las investigaciones correspondientes para conocer y sancionar a los responsables de los presuntos actos de espionaje denunciados por periodistas y personas defensoras de derechos humanos, garantizando el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, procurando en todo momento el derecho de acceso a la información relativa al desarrollo de la investigación a las víctimas y generando un mecanismo que permita la participación y acompañamiento de expertas y expertos independientes;
· A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, le requerirpa emita las medidas cautelares y las recomendaciones que resulten pertinentes a las autoridades que correspondan, a efecto de que: a) se tomen medidas para garantizar la privacidad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; b) se garantice que la información que fue obtenida por medio del programa de espionaje Pegasus no sea utilizada de manera ilegal; y c) se dé seguimiento al avance de la investigación penal.
· A la Auditoria Superior de la Federación, incluya en su programa de trabajo una auditoría a la totalidad de los recursos federales erogados de 2012 a la fecha en la adquisición de software para la vigilancia e intercepción de comunicaciones, incluyendo el software Pegasus; y,
· A los Titulares de los gobiernos de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, remitan informe a esta Soberanía, en el caso de haber adquirido el sistema denominado Pegasus o similar.
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