• La Tercera Comisión aprobó otro punto de acuerdo para solicitar información sobre el estado que guarda la publicación del programa de Manejo del Área Natural Protegida, Área de Protección de Flora y Fauna “Cabo San Lucas”.

La Tercera Comisión de la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo presentado por senadores del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) que informe al Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a 15 días naturales, el estado que guardan los contratos firmados con las empresas JADE Proveedores, Constructora Acre, Desarrollos Tecnológicos del Noroeste, Typsa y  Grupo Socaroto.

En el punto de acuerdo presentado por los senadores Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel ante la Comisión Permanente, se indica que recientemente la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer una investigación en la que se presume que autoridades de alto nivel de Capufe beneficiaron a dichas empresas, con la filtración de datos, para el otorgamiento de diversos contratos, por un monto aproximado de 770 millones de pesos.

Asimismo, se establece que derivado de una “amplia, acuciosa, fundamentada y detallada investigación”, MCCI detectó que Mauricio Sánchez Woodworth, director general de Infraestructura de Capufe, habría dado información privilegiada a seis empresas que ganaron los contratos, dejando fuera 152 ofertas más económicas.

La investigación de MCCI apunta que las empresas involucradas recibieron con dos semanas de anticipación información privilegiada, así como los montos máximos y mínimos para adjudicarse las licitaciones, se indica en la exposición de motivos del punto de acuerdo presentado por los senadores panistas.

“Con esta información, dichas empresas mejoraron las propuestas de sus contrincantes y lograron obtener los contratos que representan más de 41 millones de dólares”, se afirma.

De acuerdo con la indagatoria, las obras de mantenimiento resultaron cien por ciento más caras, pero “convenientemente” no rebasaron el tope fijado por Banobras y Capufe, con lo cual se incumplió el Artículo 134 constitucional, al no asegurar al Estado mexicano las mejores condiciones de precio, subrayaron.

En un segundo resolutivo del dictamen aprobado, se solicita también a la Secretaría de la Función Pública (SFP) informar, en un plazo no mayor a 15 días naturales, si existe alguna auditoría a Capufe, que involucre a las empresas JADE Proveedores, Constructora Acre, Desarrollos Tecnológicos del Noroeste, Typsa y  Grupo Socaroto.

Durante la reunión de la Tercera Comisión de la Permanente, también se aprobó un punto de acuerdo de la senadora panista Silvia Garza Galván, por el que solicita a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas informen el estado que guarda la publicación del programa de Manejo del Área Natural Protegida, Área de Protección de Flora y Fauna “Cabo San Lucas”.

La ausencia de dichos programas provoca incertidumbre jurídica, porque no se puede establecer cuál será la intensidad con la que pude usarse un área natural protegida, o que tipo de actividades están o no permitidas, se establece en el documento del exhorto.

Agrega que de no actuar, y al ser omisos con esta situación puede dar resultado a un desequilibrio ecológico y daño ambiental originado por la actividad humana, ya sea de manera predeterminada o accidental.

Ambos dictámenes serán presentados ante el pleno de la Comisión Permanente para su discusión y, en su caso, aprobación.