La Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna aseguró que las medidas anunciadas por el Presidente Enrique Peña Nieto para proteger a periodistas no constituyen ninguna novedad, simplemente ordena la coordinación de las instancias que ya existen.
Padierna Luna consideró que el Presidente Peña promete mayores recursos y personal a la FEADLE y al mecanismo de protección a activistas y periodistas, pero no hace un balance de las fallas, de las omisiones y de los graves problemas prácticos de ambas.
Además destacó que Miriam Rodríguez, la activista asesinada en Tamaulipas estaba bajo protección del Mecanismo que EPN presumió.
“El gobierno federal pretende evadir la demanda central que está surgiendo en el gremio de periodistas: que exista una instancia internacional o nacional autónoma del gobierno y de la PGR que investigue estos crímenes. Una especie de GIEI”, sentenció.
La coordinadora parlamentaria cuestionó que ni Enrique Peña Nieto, ni Osorio Chong, ni Raúl Cervantes Andrade pronunciaran una autocrítica, “como si los asesinatos de periodistas no hubieran ocurrido durante su gestión como responsables de las instancias de procuración de justicia, de seguridad interior y de jefe del Estado mexicano”.
Desde la tribuna del Senado, la coordinadora parlamentaria recordó que la tarde del 15 de mayo, el escritor y periodista Javier Valdez Cárdenas, corresponsal del diario La Jornada y fundador del semanario Ríodoce, fue asesinado a plena luz del día en las calles de Culiacán, Sinaloa.
Recordó que las agresiones en contra del grupo de periodistas de Ríodoce no eran nuevas, apenas en febrero pasado, los directivos del semanario denunciaron que toda la edición impresa había sido comprada por un grupo armado.
“Cuando se amenaza o se agrede a un periodista o una comunicadora, o cuando se ataca a un medio de comunicación, se está atentando contra toda la sociedad en su conjunto; pues se limita el derecho de los comunicadores a informar, pero, sobre todo, el derecho de la ciudadanía a estar informada”, subrayó.
Por ello, insistió la senadora, las agresiones contra los profesionales del periodismo adquieren una relevancia que trasciende a la persona misma y merecen atención por parte de las autoridades, pues de lo contrario el mensaje que se manda es el de la permisividad, la tolerancia, la impunidad, e incluso la complicidad.
Recordó que el pasado 2 de marzo de este año asesinaron a Cecilio Pineda, en el estado de Guerrero; el 19 del mismo asesinaron a Ricardo Monlui Cabrera, en Veracruz; el 23 del mismo mes acribillaron a Miroslava Breach, en Chihuahua; el 14 de abril asesinaron a Maximino Rodríguez, en Baja California Sur; el 2 de mayo privaron de la vida a Filiberto Álvarez, en Morelos y el fin de semana un grupo de sujetos armados en Guerrero asaltó, amenazó y golpeó a los periodistas Sergio Ocampo, Ángel Galeana, Alejandro Ortiz, Yair Cabrera, Jorge Martínez, Hans Muselik y Pablo Pérez.
“Todas estas agresiones permanecen en la impunidad, todas estas agresiones pudieron evitarse, la vida de todas y todos estos comunicadores pudieron preservarse si la autoridad responsable hubiese cumplido con sus obligaciones para investigar el contexto de violencia e inseguridad en el que ejercen su labor las y los comunicadores”, sentenció.
Recordó que de acuerdo con el Índice Global de Impunidad en México 2016, del total de delitos consumados solamente existe un 4.4 por ciento de sentencias condenatorias; lo cual nos arroja una impunidad cercana al 95.5 por ciento de los delitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados. “La cifra anterior sobre delitos consumados con perspectiva de cifra negra; es decir los delitos que nos fueron denunciados, arrojaría una impunidad simple y llana de 99 por ciento a nivel nacional”.
“Esa impunidad es la que ha permitido e incluso alentado a que las agresiones contras las y los periodistas se sigan cometiendo, continúen en aumento esa impunidad que engloba las agresiones a las y los periodistas es responsabilidad directa de las autoridades ministeriales. Por lo que su negligencia y su falta de investigación las ha convertido en cómplices. Son cómplices del delito no sólo aquellas personas que participan directamente en la comisión de los mismos, sino también aquellos que lo facilitan, que lo permiten o que pudiendo hacer algo para evitarlo no lo hacen”, subrayó.
Padierna Luna reiteró que el Procurador General de la República tiene que informar al Senado sobre el pobre desempeño de la Fiscalía para la Libertad de Expresión; el ejercicio de los recursos presupuestales; el paquete de medidas de seguridad y protección que se han implementado para evitar más muertes de comunicadores y comunicadoras.
“Pero sobre todo que venga a explicarnos por qué la PGR no hace nada contra quienes, desde el anonimato, amenazan, intimida, desaparecen y asesinan a periodistas a lo largo y ancho del país. Que informa también sobe las investigaciones, amenazas y atentados que han sufrido los periodistas en diversos estados del país y cuyas investigaciones se encuentran a cargo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión”, insistió.
“Y se requiere la comparecencia del Secretario de Gobernación, cabeza de la instancia encargada de garantizar la seguridad, la gobernabilidad del país que se encuentra sumido el día de hoy en una grave crisis de inseguridad, de violencia y en algunos estados ya se raya en la ingobernabilidad”, concluyó la coordinadora parlamentaria.
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