•    Constitución CDMX crea arcos de libertad, reconoce derechos humanos y limita el poder público de forma razonable

•    La Ciudad de México tiene derecho a una democracia directa, a reducir la brecha entre ciudadanos y el poder público del Estado

Las acciones de inconstitucionalidad tramitadas en contra de la Constitución de la Ciudad de México tienen un matiz político, carecen de sustento jurídico y en caso de prosperar reducirían los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México, por ejemplo: la Procuraduría General de la República cuestiona la facultad de la Ciudad de México para impulsar, fomentar y apoyar la ciencia y tecnología, el derecho no se puede utilizar para obstaculizar el acceso a la cultura, el estudio y la ciencia ni la Corte debe tolerar impugnaciones irresponsables, advirtió la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna.

"El Poder Reformador de la Constitución General de la República ordenó la creación del Constituyente de la Ciudad de México. Las y los constituyentes hemos cumplido ese mandato a través de una Constitución Local que crea arcos de libertad, reconoce derechos humanos y limita el poder público de forma razonable", afirmó.

La coordinadora parlamentaria recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en diversas sentencias cuál es el ámbito de competencias de la federación, los estados, el municipio y la hoy Ciudad de México. "Señalar que la Ciudad de México es autónoma pero no soberana, implicaría que la Ciudad de México nunca alcanzó una mayoría de edad constitucional y que su ámbito de competencias está limitado, sin embargo, esta Suprema Corte ha reconocido que esto no es así. La Ciudad de México ha demostrado su mayoría de edad constitucional al legislar sobre aborto y matrimonio igualitario, lo cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó constitucional. Así las cosas, si antes de la reforma del 2016, la Ciudad de México ya había demostrado su autonomía y soberanía legislativa, ahora con mayor razón.   La impugnación de la PGR trata de disminuir las facultades de la Ciudad de México y, con ello, disminuir los derechos de los habitantes de la Ciudad de México".

"Los y las constituyentes de la Ciudad de México reconocimos una Carta de Derechos. Toda autoridad ya sea federal o local tiene el deber de reconocer los derechos humanos. Los derechos humanos no son una graciosa concesión del Estado. Así las cosas, las y los constituyentes tratamos de reconocer el máximo de derechos humanos que surgieron en el debate. La facultad para reconocer derechos humanos es no vulnerar los derechos humanos que están en la Constitución General de la República ¿Reconocer derechos humanos puede vulnerar derechos humanos? La respuesta es no. Los y las constituyentes no excedimos nuestro ámbito de facultades y fuimos cuidadosos en respetar los ámbitos de competencia que contiene nuestra Carta Magna", sostuvo.

A consideración de la senadora perredista, la creación de tribunales constitucionales locales no es una ocurrencia ni una extravagancia. "En el país hay más de una decena de tribunales constitucionales locales, los cuales han sido considerados constitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así las cosas, las impugnaciones en contra de la justicia constitucional local es un sinsentido que afrenta los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a todos los tribunales constitucionales locales".

"La Ciudad de México tiene derecho a una democracia directa y a reducir la brecha entre ciudadanos y el poder público del Estado. Así mismo, la Ciudad de México tiene el derecho a decidir cómo se conforma su democracia representativa. El Poder Reformador de la Constitución no limitó al Constituyente de la Ciudad de México en el cómo, cuándo y en qué condiciones construía su democracia. Así las cosas, no debería existir ningún impedimento legal para que prospere la voluntad de las y los constituyentes en esta materia, máxime que se escucharon a todas las voces a través de diversos medios como consta en el derecho de audiencia que se les dio a todos los habitantes de la ciudad para opinar sobre la Constitución de la Ciudad de México", concluyó la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna.

 

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