• En los nombramientos de Fiscal General y Fiscal Anticorrupción, “ni fiscal cuate, ni fiscal a modo”, afirmó el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional.
• En la opacidad y la impunidad, el PRI ha encontrado su zona de confort y, por ello, no asume responsabilidades y un verdadero compromiso en contra de la corrupción, aseveró.

El interés del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por nombrar un fiscal anticorrupción a modo y la negativa de dotarlo con verdadera y plena autonomía, ha impedido el avance del proceso legislativo de elección de esa figura, afirmó el coordinador Fernando Herrera Ávila.

“Es un hecho que el PRI no quiere un fiscal anticorrupción y tiende cortinas de humo para evadir su responsabilidad”, sostuvo.

Para los senadores del PAN, dijo, es del mayor interés que el fiscal anticorrupción cuente con la independencia, las atribuciones y los recursos humanos y materiales  necesarios, para que sus actuaciones no se presente a simulaciones, a lo cual se ha opuesto el partido oficial.

De aceptar las pretensiones del PRI, agregó, la sociedad no tendría garantías de que se actúe a fondo en casos emblemáticos de corrupción, como los de ex gobernadores priistas detenidos, unos, y perseguidos, otros, por irregularidades en sus gestiones.

La corrupción es uno de los males que más afecta a la población mexicana, después de la inseguridad y la delincuencia, cuyos costos anuales superan los 900 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de expertos en el tema, dijo.

Por lo anterior, la bancada de Acción Nacional ha expuesto que, como paso previo al nombramiento del Fiscal Especializado en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, se modifique el artículo 102, así como los artículos Décimo Sexto y Décimo Octavo transitorios de la Constitución, con los siguientes propósitos:

 

• Definir la elección del Fiscal General de la República
• Reducir el término de su mandato de 9 a 5 años.
• Aumentar el término de los fiscales especializados en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y en materia de Atención de Delitos Electorales, para que duren en su encargo 5 años.
• Establecer que el Senado siempre sea el que designe y remueva a los titulares de las dos fiscalías especializadas.

Asimismo, propone que se dote de autonomía plena al Fiscal Especializado en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y que su nombramiento se lleve a cabo mediante el formato de parlamento abierto en la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

El Grupo propone, además, el rediseño integral del Modelo de Procuración de Justicia, cuya discusión deberá realizarse también mediante el formato de parlamento abierto, con la participación de la Sociedad Civil y con la inclusión de los siguientes temas:

Fortalecimiento de la investigación y nuevo rol de la Policía; autonomía de los Servicios Forenses; Servicio Civil de Carrera; Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; Nueva Fiscalía Especializada en Derechos Humanos; Rediseño organizacional de la PGR, entre otros.

“El interés de los senadores del PAN es que en los nombramientos de Fiscal General y de Fiscal Anticorrupción, no haya ni fiscal cuate, ni fiscal a modo”, afirmó Herrera Ávila.