Se trata de 10 propuestas y acciones concretas para enfrentar la crisis que hoy tiene preocupada, molesta e indignada a la sociedad mexicana y que va mucho más allá del aumento a los combustibles.
Representaría un ahorro con respecto a lo presupuestado de 343,897 millones de pesos. Este ahorro, sumado a los 239,094 millones de pesos de los excedentes de BANXICO sumarían 582,991 millones de pesos, equivalentes a 2.91 puntos de
Los senadores del PAN Roberto Gil Zuarth, Ernesto Cordero y Jorge Lavalle anunciaron la presentación del Plan de Responsabilidad Económica para hacer frente a la crisis que hoy gesta en la sociedad preocupación, indignación y molestia, pues va mucho más allá del reciente incremento al precio de los combustibles.
Con una agenda de 10 propuestas concretas y alcanzables, los senadores del PAN plantean reducir el gasto a los partidos políticos durante campañas electorales, disminuir el gasto programable de la administración pública federal –incluyendo órganos autónomos y los poderes de la Unión—así como una reingeniería de las secretarías de estado que hoy en día pueden trabajar bajo una misma administración.
“Proponer una simple reducción de impuestos o el retorno a subsidios regresivos y caros, sin realizar un análisis profundo y sin considerar las diversas implicaciones, podría darnos un resultado contraproducente, al grado no solo de generar un incremento aún mayor a los precios que pagamos los ciudadanos, sino además en un escenario más complicado de las finanzas públicas”
“Esta reducción no debe de darse en proporciones meramente simbólicas. El país debe eliminar fondos, programas, subsidios y burocracia ineficientes, que alientan la corrupción o que sólo sirven para alimentar clientelas. Debemos devolver al gasto público la función social de corregir desigualdades y su vocación económica de complementar y multiplicar la inversión”, destaca la propuesta planteada por los tres legisladores.
La agenda propuesta por los senadores de Acción Nacional se sustenta en las estrategias necesarias para enfrentar esta crisis:
Reducir un 10% al gasto programable de la administración pública federal, con excepción de los rubros de salud, empresas productivas del estado y órganos reguladores coordinados. Los organismos autónomos y poderes de la unión también deberán ajustar su gasto en la misma proporción.
Disminuir al 50% al ramo de Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23 o mejor conocido como el “fondo moche”).
Reducir a la mitad el presupuesto a los partidos políticos durante las campañas electorales y eliminar el financiamiento para actividades ordinarias.
Se trata de 10 propuestas y acciones concretas para enfrentar la crisis que hoy tiene preocupada, molesta e indignada a la sociedad mexicana y que va mucho más allá del aumento a los combustibles.
Representaría un ahorro con respecto a lo presupuestado de 343,897 millones de pesos. Este ahorro, sumado a los 239,094 millones de pesos de los excedentes de BANXICO sumarían 582,991 millones de pesos, equivalentes a 2.91 puntos del PIB.
Reingeniería a la administración pública federal, en las siguientes dependencias:
Desaparición de la SEDATU, CAPUFE, Procuraduría Agraria y Tribunales agrarios, las funciones y programas serán cubiertos por la SEDESOL, la CONAVI, la SCT, y el Poder Judicial respectivamente.
Fusión de las secretarías de Economía, Turismo y Energía para formar la nueva Secretaría de Economía con un 50% del presupuesto total de las 3 juntas.
Destinar al pago de deuda la totalidad de los remanentes del Banco de México.
Crear una comisión especial en el Senado con los objetivos siguientes:
a. Análisis y seguimiento del gasto, con el propósito de que los recursos públicos se apliquen con la mayor austeridad y eficiencia.
b. Revisión de la evaluación de los programas sociales federales, estatales y municipales con el propósito de promover la Presupuestación Basada en Resultados. Esto permitirá eliminar duplicidades, revisar los programas que no están dando resultados y eliminar programas carentes de reglas de operación o con simples objetivos político-electorales.
c. Seguimiento a la implementación de la Ley de Contabilidad Gubernamental a las obras prioritarias de infraestructura y a las concesiones de CAPUFE.
Crear una comisión especial de investigación y seguimiento a las empresas productivas del Estado, en particular a las acciones tomadas por estas en preparación a la apertura energética.
La Comisión de Energía en el Senado revisará la estructura de costos de gasolinas, diésel y gas licuado de petróleo, así como de la aplicación de subsidios focalizados para control inflacionario al diésel agropecuario, diésel marino y al transporte de productos. Asimismo, evaluará el grado de avance y el plan a corto plazo para la disminución de brechas e ineficiencias de PEMEX para el transporte y almacenamiento de combustibles.
Modificar el mecanismo mediante el cual se aprueba el presupuesto: por una parte, la Cámara de los Diputados no podrá “etiquetar” recursos y, por otra, separar en el tiempo la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Adicionalmente, aprobar las siguientes iniciativas:
Modificación constitucional para crear una Ley GENERAL de Responsabilidad Hacendaria, con el propósito de homologar en todo el país las reglas de presupuestación, asignación, ejercicio y evaluación de los recursos públicos y poner fin al uso irresponsable y corrupto en los estados y municipios.
Reforma al código penal tipificando como delito el uso de recursos públicos fuera de programas sujetos a resultados.
Creación de la Ley de Salarios Máximos.
Modificación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para cerrar todos los espacios de discrecionalidad en la aplicación del presupuesto.
10. Todos los recursos resultantes de este plan, serán destinados en su totalidad a disminuir la deuda pública.
Finalmente, los legisladores criticaron el actuar del gobierno federal que, en aras de mantener un gasto público cada vez mayor, ha recurrido al endeudamiento a un ritmo muy preocupante. En los últimos cuatro años, la deuda paso del 34% del PIB a más del 50%. El servicio de la deuda crece de manera alarmante no sólo porque cada vez debemos más, sino también por el incremento en las tasas de interés y la depreciación del peso.
Esto es insostenible y tiene que ser revertido. Para esto es necesario gastar menos que nuestros ingresos para dejar de recurrir al endeudamiento y empezar a pagar nuestros compromisos. Es necesario cumplir la meta de superávit primario establecido en el Paquete Económico para el 2017. Hay que recalcular nuestros ingresos recaudatorios para este año considerando que nuestra economía está cerca de una recesión económica. Está disminución en la recaudación tributaria tiene que traducirse obligadamente en una disminución profunda del gasto. De lo contrario, la deuda será inmanejable, concluyeron los senadores.
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