La sociedad mexicana no puede esperar que el Estado busque reducir la pobreza únicamente por medio de programas asistencialistas, los programas deben fortalecer y mejorar la condición de bienestar de la población y ser generadores efectivos de construcción de ciudadanía, sostuvo la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.
En el marco de la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, la senadora del PRD señaló que el deber de dicha dependencia es promover, garantizar, respetar y proteger los derechos sociales de las y los mexicanos.
“Ello implica un proceso progresivo de mejora integral de las condiciones de vida de las personas, que conjuntamente con el desarrollo económico debe construir comunidades seguras en sociedades que vivan en entornos de igualdad, de no discriminación, como ciudadanos con plenos derechos”, apuntó.
Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del Senado recordó que de acuerdo con cifras del Coneval, una de las situaciones que más afectan a nuestro país es la pobreza y la agudización de la desigualdad económica y social.
Iris Vianey Mendoza destacó que frente a los datos estadísticos sobre la medición de la pobreza, la inequidad y la brecha en cuanto a los ingresos de la población, llama la atención que en el presupuesto del gasto programable correspondiente al ramo administrativo 20, se observe un decrecimiento gradual en términos nominales, pasando de 117 mil 84 millones de pesos en 2015 a 109 mil 271 millones en 2016.
“Cómo se puede pensar que combatir la pobreza y el hambre, generar una política de inclusión, son la prioridad de este gobierno con el que coadyuvamos si vemos una baja en el presupuesto”, advirtió.
La legisladora por Michoacán resaltó que se requiere crear una política social y económica que genere el fomento económico para las familias a través de la producción y no de la asistencia, con lo cual se evitará que las familias únicamente dependan de los programas que proporciona el Estado.
Apuntó que si bien se reconoce la Estrategia Nacional de Inclusión como una de las acciones centrales del Gobierno federal, es necesario poner especial atención en las diversas partidas presupuestales concurrentes, por lo que cualquier decrecimiento presupuestal limitará el cumplimiento de las metas y objetivos que nos parecen muy relevantes dentro de esta política.
“Creemos que una política real de inclusión e igualdad de oportunidades, como se plantea en el IV Informe de Gobierno, debe basarse en dar recursos suficientes para que no haya ningún pretexto en el cumplimiento de estos programas como lo mínimo a atender hacia una ruta progresiva de combate a la desigualdad”, dijo.
La senadora expresó su preocupación porque de los 23 programas que manejaba la Sedesol, cinco se fusionaron o fueron subsumidos por otros, uno se sectorizó a partir de 2016 y sólo siete programas recibieron incremento presupuestal mínimo
Finalmente, Iris Vianey Mendoza reiteró que las condiciones respecto al combate contra la pobreza y la falta de acceso efectivo de la población a los de derechos sociales, se encuentran en una situación que demanda atención permanente y ágil por parte de las instituciones y de todos los mandos de gobierno.
“Y sobre todo voluntad política por parte de los agentes sociales y políticos dispuestos a establecer el diálogo para arribar a los acuerdos que posibiliten trabajo conjunto y en favor del cumplimiento de objetivos comunes en favor de México y obviamente de los más pobres”.
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