El senador Luis Humberto Fernández presentó una iniciativa que reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios,con el objeto de generar mayor eficiencia en la administración pública, donde todas las instituciones del Estado gasten mejor y con mayor transparencia,lo que se traducirá en un menor gasto.

El Estado mexicano enfrenta un momento de limitación económica, se ha obligado la austeridad y el recorte del presupuesto público. En este marco de austeridad, no todas las instituciones del Estado Mexicano gastan con el mismo rigor, existen importantes asimetrías en cuanto a las normas para el ejercicio del gasto público.

Nos encontramos que el Poder Ejecutivo está obligado a seguir procedimientos claros y precisos bajo lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios, mientras que

los Poderes Legislativo, Judicial y los órganos autónomos constitucionales, tienen normas menos rigurosas para controlar los gastos que se realizan con los recursos públicos federales, consecuencia de la facultad para auto regular los procesos bajo los cuales llevan a cabo la adquisición o contratación de servicios que requieren, por lo que generan gran diferencia. 

Lainiciativa contempla hacer sujetos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios, al Poder Legislativo, Judicial, a los órganos autónomos constitucionales (Instituto Nacional Electoral, Banco de México, IFETEL, entre otros),a fin de impulsar una política de homologación e igualdad de los procesos para la mejor administración y transparencia de los recursos federales, fortalecida por las estrategias de austeridad y alejados de los excesos en las compras o contrataciones de servicios a través de adjudicaciones directas.

Entre las medidas de control propuestas, destaca que ninguna entidad pueda ejercer más del 40 % de su presupuesto de inversión y adquisiciones a través de excepciones. Cuando menos, 60% de las contrataciones, deberán realizarse sobre licitaciones públicas.

La propuesta consiste en que todos los recursos federales se gasten con el mismo rigor, que tanto los Poderes de la Unión como los órganos autónomos se apeguen a los procedimientos de la Ley de Adquisiciones Arrendamiento y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios.

La reforma propuesta no constituye una invasión o una alteración de la división de poderes o la autonomía de algún organismo, ya que no se violenta las decisiones sustantivas, ni tampoco implica un poder extra estatal en la división de poderes, únicamente se pretende contribuir con procedimientos uniformes a todas las entidades que ayuden a mejorar la administración y transparencia en el destino de los recursos públicos federales.

No tiene sentido abonar a fueros administrativos y regímenes de excepción, la transparencia no choca, ni colisiona con la independencia o la autonomía. La presente iniciativa se inscribe en el marco de las leyes anticorrupción.

 

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