Los consulados de México en Estados Unidos deben intensificar su tarea de protección, para que mexicanos deportados recuperen el patrimonio que lícitamente acumularon durante su estancia en ese país, demandó la senadora Gabriela Cuevas Barron, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Argumentó que los mexicanos que trabajan en la Unión Americana, sin importar su estatus migratorio, generan casi 700 mil millones de dólares al año; es decir, la mitad del Producto Interno Bruto de esa nación.

Al ser deportados, explicó, numerosos mexicanos dejan sus bienes adquiridos y, en muchos casos, al no contar con documentos.

Mediante un punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente, la legisladora panista estimó que conocer el destino de esos bienes es un derecho de los migrantes deportados, así como una obligación de las autoridades migratorias no hacer uso ilegal de los mismos.

De ninguna manera –afirmó-- se puede permitir que dichos recursos, que no pueden ser considerados como confiscados u objeto de extinción de dominio, sean utilizados para otros fines, máxime al tratarse de casos de deportación, que no implican causas penales en contra de los sujetos perjudicados.

Cuevas Barron propuso también que la Comisión Permanente haga un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Instituto Nacional de Migración (INM), para que informen si cuentan con datos de connacionales –incluyendo niñas, niños y adolescentes-- deportados de Estados Unidos de América y que estaban en proceso para obtener la condición de asilado.

Asimismo, para que la cancillería de a conocer cuáles son los medios o procedimientos a los que pueden recurrir los connacionales deportados para recuperar su patrimonio en los Estados Unidos.

La senadora solicitó que la SRE instruya a su red consular para que redoblen su labor de protección, en respuesta a las redadas que lleva a cabo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en las que se vean afectados nuestros connacionales.

Refirió que de acuerdo con el cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (U.S. lmmigration and Customs Enforcement "ICE") en 2015 se registró la deportación o remoción de 235,413 personas, entre las que se encontraban 146,132 mexicanos, 33,249 guatemaltecos, 21,920 salvadoreños y 20,309 hondureños.

Estimaciones más conservadoras --agregó-- señalan que hoy en día, cinco millones de migrantes indocumentados corren riesgo de ser deportados por su situación ilegal en Estados Unidos.

Comentó que entre julio de 2014 y el 26 de abril de 2016 las cortes de inmigración estadounidense han emitido 31,994 órdenes de deportación contra niñas, niños y adolescentes no acompañados y acompañados.

Incluso, muchas organizaciones que protegen los derechos de los inmigrantes, han denunciado a las autoridades estadounidenses por la deportación de familias con menores de edad que han solicitado asilo y  se encuentran en espera de respuesta por parte de las autoridades que conocen de su caso, subrayó la senadora.

De ahí la necesidad de que las autoridades consulares velen porque estos solicitantes de asilo cuenten con garantías que les permitan mantener su estadía en el vecino país, apuntó la senadora Cuevas.