· La presidenta de la Comisión Especial del Cambio Climático, Silvia Garza Galván, señaló que hasta que no se hagan las investigaciones correspondientes el titular de CONAGUA, Roberto Ramírez de la Parra, debe ser separado de su encargo.
· En 2015 hubo en México 12,590 victimas de corrupción en 30,097 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental del INEGI.
La Presidenta de la Comisión Especial del Cambio Climático, Silvia Garza Galván, solicitará al titular del Ejecutivo Federal separar de su encargo al director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Roberto Ramírez de la Parra, a fin de que se hagan las investigaciones conducentes y se deslinden las responsabilidades legales “por el posible conflicto de interés” por la adjudicación directa de contratos a la “Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México A.C”, a nombre de David Korenfeld Fedelman.
La senadora del Partido Acción Nacional adelantó que presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde además pedirá la revisión de la probable comisión de diversos delitos en contra del erario público, tanto por el Director General de la Comisión Nacional del Agua actual, así como por el ex Director David Korenfeld Fedelman ante la autoridad ministerial y administrativa.
Para ello, dijo que se exhortará también al Ejecutivo Federal instruir al Secretario de la Función Pública revisar todos los contratos celebrados por la Comisión Nacional del Agua con la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México A.C, a efecto de revisar las condiciones en que fueron adjudicados, así como la información que sustente la realización del cumplimiento de dichos contratos.
La senadora por Coahuila señaló que “la corrupción es la llave por donde se escurren los recursos públicos que con sus impuestos los ciudadanos aportan al gasto público. Dicho mal ha causado que nuestro país no crezca, ya que según datos de la Auditoría Superior de la Federación, en los últimos 10 años México perdió 86 mil millones de dólares por actos de corrupción”.
Garza Galván lamentó que México es el segundo país con más impunidad, en un ranking de 59 países, de acuerdo con el índice global de impunidad 2015, donde además de conformidad con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la corrupción le cuesta a México cerca de 890 mil millones de pesos por año, y sólo el 2 por ciento de los delitos de corrupción son castigados, siempre cometidos por mandos inferiores.
En ese sentido, añadió que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental del INEGI en México hubo durante el 2015, 12,590 víctimas de corrupción en 30,097 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, en donde la entidad federativa con mayor incidencia de actos de corrupción es el Estado de México.
Por lo que no debemos permitir que las autoridades federales sigan cometiendo este tipo de abusos, y debemos revisar la denuncia que se presentó contra el director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, quien benefició con recursos públicos a la organización “sin fines de lucro” denominada Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México A.C., (ANEAS), y en la cual actualmente él aparece como su presidente consultivo, David Korenfeld Federman.
De acuerdo a la investigación periodística, durante su encargo como Director General de CONAGUA, David Korenfeld Federman, adjudicó directamente tres contratos a la Asociación Civil “ANEAS” por más de 32 millones de pesos y con posterioridad -al separarse del encargo- la CONAGUA adjudicó nuevamente a dicha asociación otros cuatro contratos por un monto de 61.5 millones de pesos. Lo anterior aún y cuando Korenfeld –al dejar la CONAGUA- fue nombrado Presidente Consultivo de dicha asociación civil.
Con estas acciones, dijo la senadora Silvia Garza Galván, se tienen implicaciones legales graves, tanto para el ex Director General Korenfeld, así como para el actual director, Roberto Ramírez de la Parra, ya que otorgar contratos beneficiando a uno de ellos es una acción poco ética y que es sancionada tanto por la vía administrativa como penal.
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