• Peña apuesta por la subordinación política del Poder Judicial de la Federación: Bartlett
Al discutir los dictámenes para elegir a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el senador Manuel Bartlett, mencionó en su voto particular que ninguno de los seis aspirantes cumple con los requisitos de elegibilidad, pues todos se han desempeñado como empleados del presidente y carecen de autonomía judicial para desempeñar el cargo.
Demandó ante el Pleno del Senado, que las ternas sean rechazadas por su inviabilidad, ya que ninguno de los propuestos es elegible por no garantizar independencia en su actuación.
El legislador poblano fue enfático al señalar que el Presidente no está a la altura de un Jefe de Estado, por pretender que el máximo tribunal de este país se conforme por sus allegados, a quienes propuso: “sin justificación alguna y sin espacios de deliberación frente a la sociedad”.
En el documento el legislador señala: “Peña apuesta por la subordinación política del Poder Judicial de la Federación, en especial de la Suprema Corte, a sus reformas estructurales. De tanta importancia es esta pretensión que la Corte puede abrir debates públicos en torno, por ejemplo, a la liberalización y desregulación de la marihuana, pero para nada abrirá un debate jurídico constitucional, aprovechando algún medio de impugnación, para discutir y poner en duda la validez de las reformas estructurales. Esas no se pueden tocar y, la Suprema Corte, se ha desentendido de ellas, principalmente de la reforma constitucional y legal en materia energética”, sentenció Bartlett.
Acusó que el proceso con el que se pretende tramitar este nombramiento es inconstitucional, porque la comparecencia debe realizarse de manera obligatoria tanto en comisión como en el Pleno del Senado: “de forma tramposa, el pasado 19 de noviembre, tras un debate intenso sobre la Ley Federal de Transparencia, la Mesa Directiva del Senado aprovechó ese momento final, para introducir modificaciones a los artículos 4 y 6 de un procedimiento, que tal como están redactados, son anticonstitucionales”.
Lo anterior con el objetivo de reducir las comparecencias a la simple exposición de los candidatos ante la Comisión de Justicia: “las comparecencias evidenciaron que la persona que tenga mayores simpatías en el Senado será el designado (…) No se trató de espacios de deliberación pública para que la sociedad manifestara su punto de vista”.
Bartlett Díaz, quien presentó hace 8 meses una reforma para modificar el proceso de elección de ministros, recordó que los integrantes del Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su reciente Visita in Loco a nuestro país, expresaron su preocupación por la grave y generalizada violación de derechos humanos en México y mencionaron que el problema es la falta de acceso a la justicia.
“Uno de los jueces, relator para México, por cierto, se refirió el tema de las designaciones que se avecinaban por la salida de los dos ministros, que estaban ya anunciadas. Y le preocupó, nos lo dijo, el asunto de la autonomía y de la independencia de esos nombramientos”, dijo el ex gobernador poblano al señalar que estos cuestionamientos de la CIDH se dieron tras la elección de Eduardo Medina Mora, quien tampoco reunía los requisitos para ocupar un lugar en la Suprema Corte.
En su voto particular señaló que la Corte que desea Peña es una Corte dócil, con una agenda que restrinja el debate constitucional sobre el modelo económico neoliberal imperante. “Ese debate es tabú para la Corte. Por eso, las nuevas ministras o ministros que resulten del procedimiento de designación en curso, incrementarán las filas de los ministros de la Corte que no discuten lo importante –el modelo económico vigente-, lo que podría generar condiciones más igualitarias en la sociedad mexicana”.
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