- La Semarnat, el Senado, sociedad civil, ONG´s, la academia y la OEA se coordinan para impulsar plan de trabajo
Con el fin de que México cumpla con sus compromisos internacionales en materia ambiental, avance en la protección de los derechos humanos y actualice las leyes en esta materia, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó un plan de trabajo impulsado por Semarnat, el Senado, sociedad civil, ONG´s, la academia y la OEA.
La senadora Ninfa Salinas Sada, presidenta de la Comisión, dijo que el documento “Definiendo una Agenda Legislativa Ambiental Mexicana” es la base del plan de trabajo y refleja el esfuerzo de abordar los temas relevantes para el país en esta materia desde los tres órdenes de gobierno.
La propuesta plantea una ruta muy clara sobre los temas que se deben atender para tener un marco legislativo sólido, robusto, en materia ambiental y muestra que México atiende estos asuntos.
El documento fue trabajado coordinadamente con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Senado de la República, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, la academia y la Organización de Estados Americanos, (OEA).
El plan de trabajo establece puntualmente cómo y en dónde robustecer el esquema jurídico y no sólo eso, sino cómo darle facultades al Ejecutivo para la aplicación y cumplimiento de este propósito.
Ninfa Salinas señaló que el documento fue elaborado para contar con el compromiso de los tres poderes en un plan de trabajo, para recibir sugerencias, evitar duplicidades, y trabajar en la aplicación y cumplimiento de la iniciativa.
En tanto, Claudia de Windt, jefa de la Sección de Derecho Ambiental, Política y Gobernabilidad del Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA, resaltó que actualmente hay 24 países en el hemisferio que, a nivel constitucional, han establecido el derecho al medio ambiente sano.
En 2014 se suscribieron convenios de colaboración de la Comisión con Semarnat y la Secretaría General de la OEA, los cuales tienen el objetivo de crear un plan de trabajo, para adecuar el marco jurídico constitucional que permita la inclusión, aplicación y ejecución de políticas públicas para avanzar en la protección de los derechos humanos, así como contribuir al Estado de derecho en materia ambiental.
En dicho plan existen cinco prioridades temáticas: la efectividad y eficiencia de los instrumentos marco de la política ambiental, es decir el ordenamiento ecológico y la evaluación del impacto ambiental.
La segunda está enfocada al fortalecimiento del marco jurídico para proteger y conservar efectivamente la biodiversidad y los servicios ambientales; la tercera, transitar a un régimen eficaz, adecuado y moderno para la calidad del aire y la protección atmosférica.
La cuarta es consolidar un sistema eficaz de prevención y gestión integral de los residuos en los ámbitos federal, estatal y municipal; la última prevé instrumentar la reforma constitucional sobre el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua suficiente, salubre, aceptable y asequible, con base en estándares y las mejores prácticas internacionalmente aceptadas sobre derechos humanos.
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