Los avances y sistemas tecnológicos aplicados a fortalecer la seguridad requieren normas que regulen su funcionalidad y sancionen con el más estricto rigor su uso indebido, afirmó el senador panista Francisco García Cabeza de Vaca, al presentar una iniciativa para expedir la Ley General de Videovigilancia.
Explicó que el objetivo de su propuesta es regular la ubicación, instalación, utilización y operación de videocámaras y sistemas de videovigilancia para grabar o captar imágenes en lugares públicos o privados abiertos a la sociedad, así como su posterior tratamiento de manera exclusiva por las instituciones de seguridad pública.
Al hacer uso de la tribuna, subrayó que su propuesta busca contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad en la convivencia e incrementar la seguridad de la ciudadanía.
“En nuestro país, la instalación y operación de cámaras se ha incrementado de manera considerable en los últimos años en el ámbito público y privado, como medida de protección y prevención ante los elevados índices de inseguridad”, acotó.
García Cabeza de Vaca lamentó el temor que se ha generado por los constantes robos a casas habitación, secuestros, extorsión, asaltos en la vía pública y demás delitos que tanto lesionan a la ciudadanía, ya que esto ha motivado al Estado y a los particulares a buscar protección a través de la de este mecanismo de grabación.
Remarcó que tanto las legislaciones específicas como las adecuaciones legales sobre el tema iniciaron desde hace 20 años.
En México, agregó, se comenzó a tratar hace aproximadamente siete años, ya que las leyes y modificaciones legales en la materia se emitieron a partir de 2008 y la más reciente en 2014.
“En el país sólo Aguascalientes, Baja California Sur, Colima y Durango cuentan con leyes sobre videovigilancia, y en el caso del DF se realizaron modificaciones a la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública; pero el resto de las 27 entidades de la República no cuenta con legislación específica”, resaltó.
Tenemos, sostuvo, un atraso de 13 años con respecto a los países en los que la videovigilancia es algo común, por ejemplo, Reino Unido es uno de los más avanzados en todo el mundo y España es otro con gran proliferación de dispositivos de video.
Refirió que hasta ahora la vigilancia tecnológica forma parte de nuestro paisaje cotidiano, como instrumento para incrementar la seguridad de la población y que, de manera paulatina, las cámaras se han mimetizado con las ciudades y los habitantes se han acostumbrado a vivir entre ellas, a tal grado que se han vuelto imperceptibles.
Sin embargo, advirtió, se debe sancionar el uso indebido y desvío de la información que generan estos dispositivos.
“De ahí que se propone tener una ley general que establezca las directrices normativas de regulación para los sistemas de videovigilancia, a fin de evitar que las cámaras públicas y privadas que se usan para inhibir la comisión de delitos se convierta en un factor de riesgo si se emplean a favor del crimen organizado si éste se infiltra en dicho sistema o, en su caso, si la propia delincuencia opera un sistema propio para delinquir”, concluyó.
La propuesta del senador por Acción Nacional se turnó a las comisiones de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictaminación.
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