La Ley Federal de Transparencia, aprobada por el Senado, es una buena ley y es sin duda un instrumento que abona a garantizar el derecho a saber, y a una cultura de rendición de cuentas que tanto nos hace falta, aseguró la senadora panista Laura Angélica Rojas Hernández.
Afirmó que es necesario entender ya que la transparencia, como mecanismo de rendición de cuentas, es la única vía para empezar a revertir la lamentable tendencia en los niveles de descrédito que tienen las instituciones.
Detalló que la última medición del Latinobarómetro indica que sólo el 29 por ciento de la sociedad mexicana está satisfecha con la democracia, que el 17 por ciento de los ciudadanos se sienten representados por el Congreso y que sólo 26 por ciento piensa que el gobierno mexicano es transparente.
Indicó que la Ley Federal cumple con el objetivo de armonización de la legislación federal en la materia con la Ley General de Transparencia que se aprobó el 18 de marzo pasado y que entró en vigor el 5 de mayo.
“De las 167 obligaciones de transparencia focalizada de la ley general, ahora se aumentaron 247 obligaciones específicas de transparencia proactiva para las instituciones federales, de las cuales 75 son especialmente para el régimen de transparencia en el sector energético”, expuso.
Sin embargo, aclaró la legisladora por el Estado de México, estos logros no son sólo números sino que son obligaciones que se traducen en conocimiento útil de información relevante para las personas.
“Por ejemplo, subrayó, la gente podrá conocer --sin necesidad de pedirlo expresamente porque deberá de ser publicado en las páginas de internet de los sujetos obligados-- información sobre cuántas armas y de qué tipo circulan en la calle; a quiénes se les perdona el pago de impuestos, cuánto y por qué; cuántas cárceles hay y en qué condiciones están; a quiénes ha espiado el gobierno y por qué.
Además, cómo va el cumplimiento de nuestro país de los tratados internacionales que le aplican; dónde están las zonas del país contaminadas y de qué tipo de contaminación se trata; cuál es la riqueza natural de nuestro país, cuántos minerales nos quedan de reserva; a cuántas mujeres y hombres del campo se les ha apoyado y de qué manera”, precisó.
Indicó que se podrá vigilar a las empresas de telecomunicaciones para saber si cobran lo justo o no por sus servicios de telefonía, el internet o la televisión; el avance del cumplimiento de los procesos de evaluación educativa; dónde está el hospital más cercano; cuántos asegurados tiene el IMSS o qué dicen los representantes del gobierno a nombre de todos los mexicanos en las Naciones Unidas, cómo votan y a qué se comprometen en todos los organismos internacionales.
Las anteriores, remarcó, son algunas de las más de 100 obligaciones de transparencia del Poder Ejecutivo.
Subrayó que el Poder Judicial no se quedó atrás, pues también habrá información, por ejemplo, sobre cómo nombran a magistrados y jueces.
Rojas Hernández destacó que uno de los grandes temas en los que se dio un importante avance, y que fue una propuesta del grupo parlamentario de Acción Nacional, fue en el desarrollo de los principios del gobierno abierto.
Esto es un hito en el país, resaltó, pues es la primera ley que desarrolla los principios del gobierno abierto y que establece prácticas de Parlamento abierto apara el Congreso y de justicia abierta para los órganos del Poder judicial.
Refirió que, en términos prácticos, el gobierno, Parlamento y justicia abiertas buscan que las autoridades no sean un ente aislado a los ciudadanos, sino que cada vez más las personas se involucren, se escuche su voz y así tengan el gobierno que esperan.
El siguiente reto, indicó, es el de la implementación, empezando por nuestra propia casa, el Poder Legislativo se ha estado preparando para cumplir a cabalidad sus obligaciones de transparencia proactiva y hay que acelerar el paso y refrendar el compromiso.
“Los legisladores en lo individual tenemos obligaciones que cumplir como lo establece la ley general; nadie está exento y estamos en el camino de cumplir a cabalidad estas obligaciones”, apuntó.
Puntualizó que la democracia, y más aún una democracia de calidad como es a la que aspiramos, implica esfuerzos.
Por ello, concluyó, requerirá un compromiso mayor de todos porque implica, aparte de recursos materiales, algo mucho más de difícil de lograr que es un cambio cultural, de mentalidad, de cultura organizacional y disposición de miles de funcionarios públicos para que dejen de ver a las nuevas obligaciones como un capricho y una carga excesiva e innecesaria que los distrae de sus labores sustantivas.
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