• Propone reformar la Ley de Planeación y la Ley General para la Prevención Social de la Violencia, para tal fin

El senador panista Fernando Salazar Fernández presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Planeación y la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia, a fin de incluir a la prevención del delito como uno de los principios que deben regir al sistema de planeación democrática y se convierta en una prioridad del Estado mexicano.
El legislador por Coahuila expuso que a lo largo de la historia se ha comprobado que la prevención del delito es un componente central y esencial en la seguridad pública y en toda estrategia de control de crimen y la violencia en un país.
En México, agregó, esta materia sigue siendo una asignatura pendiente pues a pesar del discurso, el carácter prioritario de la prevención del delito no ha sido un principio o un eje rector de los objetivos nacionales de las estrategias o las prioridades del desarrollo nacional.

A la fecha se destinan mayores recursos al combate reactivo de la inseguridad y se privilegia la persecución del delito sobre la prevención del mismo y pareciera que no hemos entendido la trascendencia de diagnosticar y atender a tiempo los problemas y posibilidades de que un individuo cometa un delito o que se convierta en una víctima de ello, señaló Salazar Fernández.

Dejó en claro que a casi dos años de la puesta en marcha del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia no ha sido posible transparentar la metodología o los criterios con base en los cuales fueron seleccionados 57 demarcaciones prioritarias que recibieron recursos federales.
Por éste y por muchos ejemplos similares, expuso Salazar Fernández, su iniciativa en primer lugar pretende incluir la prevención del delito como uno de los principios que deben regir al sistema de planeación democrática.

En segundo lugar, agregó, para establecer que los objetivos específicos y las acciones que atienda el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia no sean más el resultado de buenas intenciones o de ocurrencias, sino que sean establecidas a partir de diagnósticos sustentados en información objetiva sobre los factores de riesgo delictivo y las diversas formas de violencia y delincuencia que afectan a la población.

También se incorpora al programa de trabajo anual un plan de evaluación que tomará en cuenta la participación de la sociedad civil para identificar qué acciones, estrategias y niveles de intervención tienen un impacto real en la prevención social de la violencia y de la delincuencia.
Salazar Fernández destacó que es necesario transitar de un modelo reactivo, centrado en la persecución y el castigo, hacia un modelo preventivo basado en resolver las causas que originan el delito, pues sólo ello permitirá obtener los resultados para ver un cambio en la situación de la seguridad en nuestro país.
La iniciativa fue turnada para dictamen a las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda.

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