• Ganó la visión institucional sobre la de garantía a los derechos humanos: Torres Peimbert
• La Ley, de gran trascendencia para hacer realidad la rendición de cuentas, afirma Pilar Ortega.
• Busca acabar con la opacidad, estima Daniel Ávila.

Senadoras y senadores del Partido Acción Nacional señalaron que la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública todavía es perfectible y pudo ser mejor, pero es una buena ley porque fortalece a la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas y a las instituciones.

En su turno, la senadora Marcela Torres Peimbert destacó que el dictamen podría haber sido “indudablemente mejor si la perspectiva de derechos humanos hubiera vencido a la visión formalista en la construcción y en el debate de la ley”.
De haber sucedido lo anterior, agregó, hoy hablaríamos de una facultad para determinar acceso a la información sobre violaciones graves a los derechos humanos; hablaríamos de mayores límites al poder, cuando este trate de restringir un derecho humano si se hubiera instaurado un procedimiento que subsanara las lagunas del recurso de revisión en materia de seguridad nacional.
Al participar en la discusión del dictamen que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la nueva legislación, la senadora por Querétaro sostuvo que “la transparencia encuentra resistencias por la ineficiencia y/o corrupción de funcionarios y funcionarias públicas que se cobijan y se sienten cómodos ante la opacidad”.

Desgraciadamente, ganó la visión institucional sobre la visión de la garantía a los derechos humanos, aseguró.
Torres Peimbert destacó que “en un justo balance de las cosas, aprobamos una buena ley donde, a través del fortalecimiento de las instituciones y desde una visión de apertura y transparencia, incluimos procedimientos abiertos y ciudadanos de selección tanto de los comisionados del INAI, como de los miembros de su Consejo Consultivo”.

A su vez, la senadora Pilar Ortega Martínez dijo que “es importante” que reconozcamos que esta ley no agota el tema de transparencia, porque sin duda es perfectible y en adelante en el Poder Legislativo tendremos que revisar cuál ha sido su funcionamiento y modificar lo que resulte pertinente.

“El día de hoy votamos un producto de gran trascendencia para el país y para el perfeccionamiento de la democracia y hacer realidad la transparencia y rendición de cuentas”, agregó.

Comentó que una de las materias más importantes del dictamen es la relativa a la seguridad pública y la procuración de justicia, ya que se tiene que encontrar el equilibrio entre la información que debe ser pública y aquella que excepcionalmente debe reservarse para que el Estado no comprometa su capacidad de respuesta frente a la delincuencia.

En esta materia subrayó que el sujeto obligado deberá poner a disposición del público, así como actualizar, la información referente a la incidencia delictiva del fuero federal, desagregada por tipo de delito, la estadística sobre la incidencia, denuncias y causas existentes en materia de justicia penal para adolescentes y la estadística en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

El senador Daniel Ávila Ruiz, a su vez aclaró que su voto a favor del dictamen es para apoyar la definición de obligaciones específicas para garantizar el derecho de acceso a la información pública y para advertir áreas de mejora en la propuesta que se nos ha turnado.

Se trata --añadió-- de un voto que busca fortalecer los derechos de nuestros conciudadanos en un momento en que podemos mejorar todos en materia de transparencia y acceso a la información, un voto “para acabar con la opacidad en nuestro país”

El legislador yucateco sostuvo que el debate se debe centrar en definir obligaciones específicas en el ámbito federal para garantizar el derecho de acceso a información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes; órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.

Sin embargo, consideró que para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos, y realice actos de autoridad, es necesario señalar algunas áreas de mejora.

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