El senador Armando Ríos Piter pidió a la Secretaría de Gobernación la inmediata liberación de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) para atender los daños en el estado de Guerrero causados por el fenómeno natural Mar de Fondo.
Por medio de un punto de acuerdo, el legislador recordó que en mayo de 2015, el Mar de Fondo causó fuertes estragos y dejó severos daños en viviendas, hoteles, enramadas, locales, restaurantes, condominios y villas en nueve municipios de Guerrero, incluyendo el Puerto de Acapulco, que esta temporada vacacional pretende atraer 488,594 turistas.
“El saldo de los daños fue: 24 sociedades cooperativas de deportes acuáticos y pesquera, 289 cooperativas de diferentes giros, 159 parianeros, destruyó 701 viviendas, 459 enramadas, 178 restaurantes, 106 locales comerciales, tres condominios, seis hoteles y una villa”, detalló.
Ríos Piter mencionó que además de Benito Juárez, Coyuca de Benítez y Tecpan de Galeana, otros municipios que reportaron importantes daños por el oleaje son las poblaciones de Petatlán, Cuajiniculapa, Copala y Marquelia.
Por ello, dijo, la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para los municipios de Acapulco de Juárez, Tecpan de Galeana, Benito Juárez y Coyuca de Benítez para acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias.
“El Fonden es un instrumento financiero que busca responder de manera inmediata y oportuna, proporciona suministros de auxilio y asistencia a la población que se encuentra ante la alta probabilidad de que ocurra un fenómeno natural perturbador y se activa a través de la emisión de una declaratoria de emergencia”, explicó.
Sin embargo, de acuerdo con presidentes municipales, organizaciones civiles y el sector empresarial, los recursos del Fonden no han sido otorgados.
Por ello, el legislador por Guerrero urgió a la Segob a responder a la demanda de los municipios para acelerar la liberación de los recursos de dicho fondo, ya que hasta ahora la reconstrucción de los daños ha estado a cargo de la población civil y del sector empresarial desde hace dos meses.
El punto de acuerdo se turnó a la Tercera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente para su análisis y dictaminación.
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