El Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) en el Senado de la República solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la suspensión del proceso de licitación pública para el otorgamiento de un contrato mixto del proyecto del tren de alta velocidad para el trayecto México DF-Querétaro, por considerar que existen situaciones encaminadas al tráfico de influencias, ya que hay indicios de favorecer a intereses personales de un grupo empresarial que rentó aeronaves para la campaña presidencial del entonces candidato Enrique Peña Nieto.
“Se trata del grupo empresarial de Constructora Teya, que es una de las filiales de Grupo Higa, perteneciente al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien también es propietario de Eolo Plus, la compañía que rentó helicópteros y aviones al PRI para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Por la renta de las aeronaves a Eolo Plus, el PRI nacional pagó 26 millones de pesos, de acuerdo con documentos entregados vía transparencia por el extinto Instituto Federal Electoral a la Primera Emisión de Noticias MVS.
“En las aeronaves de Grupo Higa viajaron Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera, los ahora secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, entre otros políticos de su círculo cercano. No debe pasar inadvertido, tal y como lo han evidenciado los medios de comunicación, que Constructora Teya, una de las empresas mexicanas que integra el único consorcio registrado para construir el tren de alta velocidad, tuvo una larga historia con el gobierno del Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador”, revelaron los senadores albiazules.
En 2009, detallaron al presentar un punto de acuerdo, Constructora Teya ganó un contrato por más de 7 mil 38 millones de pesos para edificar, operar y dar mantenimiento al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango del gobierno mexiquense; esta obra, prosiguieron, fue contratada bajo el esquema de “proyecto de prestación de servicios”, el cual se acabará de pagar hasta 2027.
Los senadores panistas precisaron que también hubo más contratos del Estado de México a favor de Constructora Teya, por ejemplo, la Junta de Caminos de la entidad le encargó la construcción de obras viales en el Boulevard Aeropuerto, en Toluca, por la que se pagaron 575 millones de pesos.
Enfatizaron que la propuesta única que dio a conocer la SCT fue del consorcio integrado por Constructora y Edificadora GIA+A, Promotora y Desarrolladora Mexicana, Constructora Teya, GHP lnfraestructura Mexicana, China Railway Construction Corporation Limited, China Railway Construction Corporation (International) Limited; China Railway Construction Mexico y CSR Corporation Limited, por la cantidad de 50 mil 820 millones 264 mil 42.89 pesos, sin considerar el IVA, y 58 mil 951 millones 506 mil 289.75 pesos con ese gravamen.
De este consorcio, agregaron, destaca particularmente la Constructora Teya, la cual es una de las compañías mexicanas que integra el consorcio que está perfilado a construir el tren de alta velocidad México-Querétaro; cabe señalar que dicha constructora forma parte del grupo empresarial que rentó aeronaves para la campaña presidencial del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto.
Indicaron que grandes empresas --como la española CAF encargada de la construcción de líneas de Metro a nivel internacional, así como otras de la misma jerarquía como la japonesa Mitsubishi, la canadiense Bombardier, la francesa Alstom, la alemana Siemens o las mexicanas ICA y Carso, enviaron cartas para argumentar que fue insuficiente el tiempo otorgado para elaborar sus propuestas.
El GPPAN apuntó que en relación con el costo de dicho proyecto, el Secretario de Comunicaciones y Transportes anunció que la inversión estaba calculada en más de 40 mil millones de pesos, por lo que resultaría oneroso para la administración pública admitir proyectos que superen el monto financiero estimado.
“En ese sentido, conviene señalar que el único participante conformado por China Railway Construction y las nacionales GIA+A, Constructora Teya, Prodemex y GHP lnfraestructura presentó un proyecto por más de 50 mil 820 millones de pesos, es decir, más de 10 mil millones de pesos arriba de lo estimado inicialmente por el gobierno, 21 por ciento más de lo anunciado por el Secretario del ramo”, sostuvo.
Aclaró que la propuesta única, en la que aparece Constructora Teya, aún puede ser aceptada o rechazada por la SCT.
“Al elevar en más de 10 mil millones de pesos el coste de la obra por parte del único consorcio registrado en el que participa la Constructora Teya, consideramos que no se aseguran al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio y competitividad.
“Aparte de resultar ciertos los señalamientos de vínculos directos de la empresa Teya y sus propietarios con los funcionarios del gobierno federal, estaríamos ante un favoritismo e intereses personales, los cuales, al menos al día de hoy, pueden presumirse de los hechos acontecidos, ya que el resto de empresas que se inscribieron en el proceso de licitación pidieron ampliación de plazo para poder hacer sus propuestas, plazo que les fue negado, y el cual debió ser concedido para una sana competencia entre los participantes, y con el único fin de que el Estado mexicano pudiera escoger, con esta base, la mejor propuesta en beneficio de los mexicanos, por tanto este argumento es suficiente para que la SCT cancele el otorgamiento de la obra”, remarcó.
En Acción Nacional buscamos en todo momento que en nuestro país prevalezca la justa competencia entre prestadores de servicios, lejos de situaciones de corrupción, tráfico de influencias o intereses personales, se resalta en el texto del punto de acuerdo.
En el transcurso de la sesión de hoy, el coordinador del GPPAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez, acompañado por miembros de su bancada, subrayó en conferencia de prensa que todo apunta a que se trata de una “licitación a modo” para que gane una determinada empresa o grupo empresarial, que “causalmente, por no decir sospechosamente”, fue la única propuesta aceptada.
Por ello, dijo, los senadores del PAN pedimos que el punto de acuerdo se turne a la Comisión de Comunicaciones y Transportes y ésta cite al Secretario de Comunicaciones y Transportes para que nos aclare la situación antes del 3 de noviembre próximo.
Por su parte, la senadora queretana Marcela Torres Peimbert destacó que el sobreprecio que se presenta de 10 mil millones de pesos equivale a la mitad del presupuesto anual de muchas entidades federativas, incluyendo Querétaro, o al presupuesto total de Instituto Nacional Indigenista para este año.
En tanto, la senadora Laura Rojas Hernández alertó que esta licitación es un botón de muestra de lo que pasa en las dependencias del gobierno federal y de los estados de la República. “La gran corrupción en México y en el mundo está precisamente en el sistema de contrataciones y licitaciones del gobierno”, denunció.
Añadió que la gran ausente en el proceso de licitación es la Secretaría de la Función Pública, “por lo que tenemos que pedirle que nos diga qué está haciendo para garantizar que las licitaciones se hagan conforme a derecho”.
Rojas Hernández instó que ante casos como este, se apruebe la reforma en materia de combate a la corrupción propuesta por el PAN, que entre otros beneficios, fortalecerá a la Auditoría Superior de la Federación y a la propia Secretaría de la Función Pública.
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