• También, se establece su prohibición en la propaganda electoral 

Con el objetivo de impulsar la participación en espacios de decisión, que se promuevan acciones e instrumentos operativos en defensa del acoso y “violencia política”, preservando los derechos tanto políticos, como ciudadanos y civiles de la mujer, la senadora panista Pilar Ortega Martínez presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General en materia de Delitos Electorales.

En la propuesta que la senadora panista expuso ante el Pleno de la Cámara Alta, se establece la tipificación de la “violencia política” como delito electoral, así como la prohibición de este tipo de acciones en la propaganda electoral.

“Las mujeres han abierto en diferentes frentes una batalla progresiva y sistemática para que la igualdad se transforme en equidad, porque está demostrado que la desigualdad y violencia que se da en su contra por razones de género es económica, ideológica, moral, psicológica, sexual, corporal, jurídica y política, lo cual se traduce en afectaciones a la sociedad en su conjunto”, afirmó la senadora panista.

Al hacer uso de la tribuna, Ortega Martínez recordó que a partir la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, quedó establecida la responsabilidad de los gobiernos para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, así como para eliminar cualquier forma de discriminación.

Por esa razón, dijo, desde hace décadas se han generado acciones en el mundo y en nuestro país para combatir la desigualdad.

Destacó que tras la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), se constituyó, sin duda, un paso importante por la reivindicación de los derechos humanos de la mujer, encaminada principalmente a eliminar dicha problemática, a fin de lograr su igualdad jurídica.

Sin embargo, en la lucha por alcanzar esa igualdad aún tienen grandes retos por lograr, como son: “empoderamiento político, que se logrará a través del fortalecimiento de sus derechos político- electorales; su empoderamiento económico, ya que hoy las mujeres siguen teniendo menores oportunidades de desarrollo en este rubro y ; una vida libre de violencia”, indicó.

Tras el decreto publicado el 17 de octubre de 1953, con el cual se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas a puestos de elección popular, hoy las mujeres siguen luchando por consolidar sus derechos político-electorales, es decir, después de la conquista a votar hoy las mujeres buscan el derecho a ser votadas.
En los últimos años, dijo, en México se han emprendido una serie de reformas políticas para establecer las bases para que nuestra sociedad tienda a ser una comunidad con un sistema de participación política que permita la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a partir de una nueva práctica de política incluyente que busque mejorar la calidad de vida de los mexicanos en general, pero en especial de las mujeres.

Señaló que existe una subordinación implícita que justifica comportamientos ya mencionados, cuando algunas mujeres que son víctimas de violencia política, no denuncian estas acciones de sus propios compañeros de partido político que ejercen un cargo de liderazgo por temor a perder espacios de poder o representación política.

La senadora María del Pilar Ortega Martínez, manifestó que ni la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no contienen las previsiones para definir ni combatir la violencia política, por lo cual urge establecer en esta legislación secundaria las previsiones necesarias respecto a la violencia política contra el género femenino.

 

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