En tribuna el senador Alejandro Encinas Rodríguez presentó el posicionamiento del grupo parlamentario (PRD) al acuerdo de la Comisión de Gobernación referente a la desaparición de poderes en Guerrero.

El senador Encinas Rodríguez señaló que entiende la decisión de la Comisión de Gobernación en ampliar el plazo para dictaminar en torno a este tema pues ello permitirá que se analice a fondo las atribuciones del Senado en torno a la declaratoria de la desaparición de una entidad de la república. Destacó que el gobernador no puede presentar una renuncia pues los cargos de elección popular son irrenunciables, ante lo cual debería de solicitar licencia para que se pueda proceder con lo referente a la desaparición de poderes.

En cuanto a la lectura que realizó el senador Arturo Zamora Jiménez (PRI) al artículo 80 de la Constitución de Guerrero para aclarar lo referente a la renuncia del gobernador de la entidad, el presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional agradeció el -breviario cultural-, sin embargo dijo que se debe de tener presente que los senadores se rigen bajo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no se puede anteponer una constitución local a la federal para normar el actuar de los legisladores.

Manifestó que lo que realmente preocupa es que se postergue de nueva cuenta una decisión sobre el caso de Guerrero, por que la indefinición, la posposición de decisiones, así como la dilación que ha habido en la entrega de resultados de las investigaciones, como en la presentación de los estudiantes normalistas que después de tres semanas continúan desaparecidos genera un mayor clima de incertidumbre y de ingobernabilidad, no solo en el Estado de Guerrero, porque la indignación y la irritación social que han levantado estos hechos rebasan por mucho el ámbito de esa entidad y hay una indignación nacional que exige respuestas en las que urge tomar de inmediato decisiones y dar resultados.

Insistió en que es inexplicable que después de tres semanas no se tenga el paradero de los 43 estudiantes normalistas Ayotzinapan que fueron secuestrados y trasladados en las patrullas de la policía municipal de Iguala y Cocula, donde existen evidencias no solamente de la concurrencia de policías municipales con la delincuencia organizada, sino de las formas de colaboración y el cómo se condujo a esta grupo de un lugar confinado a un lugar que a la fecha se desconoce.

Externó que lo que se debe de asumir es que este acto de barbarie y de terror cometido contra estudiantes de la Normal de Ayotzinapan “es uno de los hechos más graves y lamentables en la historia de nuestro país”. Así lo manifestó el senador Encinas.

Señaló que este hecho pone en evidencia no solamente la debilidad de la autoridad municipal o del Estado de Guerrero, sino que pone en evidencia la debilidad del Estado mexicano, así como, el proceso de descomposición que viven las instituciones responsables de garantizar la responsabilidad pública en todo los órdenes de gobierno.

Destacó que lo primero que se da a conocer es la colisión de la autoridad municipal con grupos delictivos, en donde se presume que no solamente hubo omisiones, sino complicidad de distintas autoridades que no actuaron a tiempo para evitar estos hechos.

El presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional manifestó que esta crisis del Estado mexicano es algo que ya no se puede seguir escondiendo o tratando de delegar la responsabilidad de los Estados, dijo que no se trata de echarse la pelota entre los distintos órdenes de gobierno, manifestó que hay una crisis del Estado mexicano en todos sus órdenes de gobierno.

Subrayó que la prensa internacional como New York Time el día de ayer manifestó que México vive la peor narcocrisis de su historia y que el gobierno federal ha pretendido minimizarla, en el caso de HRW declaró que esta es la peor crisis de derechos humanos después de los atentados y la matanza de Tlatelolco en 1968, y en el caso de organizaciones de la sociedad civil encabezada por obispos de la iglesia católica que han asumido los hechos de Iguala como un asunto que representa crimen de Estado.

Insistió que ese es el tema que se debe de discutir, ya que no solamente es el caso de Iguala, sino son muchos otros casos que dan cuenta del nivel de descomposición, violencia, incertidumbre e inseguridad que se vive en el país, como las 22 ejecuciones extra judiciales en Tlatlaya, el asesinato de tres jóvenes en Ciudad Hidalgo, Michoacán por no hacer alto a una señal de la policía municipal, los 25 cuerpos encontrados en canal de desagüe en el municipio de Ecatepec, los abusos de extorsión, secuestro, tráfico de personas, prostitución que se realizan con migrantes nacionales y extranjeros en todo el país, así como, entidades que han venido incrementando el con secuestro, homicidio no solo ante la falta de una estrategia pública, sino fundamentalmente ante la ineficacia de los distintos órdenes de la autoridad a la ineficacia del Estado mexicano de cumplir con su responsabilidad primigenia que es garantizar la seguridad y la protección de las personas y de sus bienes.

Externó que Iguala es uno de los síntomas de este mal, el peor que se haya vivido y del que se requiere respuestas contundentes firmes e inmediatas del Estado mexicano siempre con apego a las instituciones democráticas y respeto a los derechos humanos.

Dejó en claro las prioridades ante estos hechos son las siguientes:

1. La presentación inmediata con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos forzosamente por la intervención de la policía de Iguala y Cocula de Guerrero.

2. Esclarecer las responsabilidades que permitan identificar quienes fueron los autores materiales e intelectuales de estos hechos.

3. Esclarecer las responsabilidades en que incurrieron diversas autoridades por omisión o por complicidad, ya que teniendo información la SEGOB, la PGR, el CIDE, el Gobierno del Estado, la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero y el Congreso del Estado de Guerrero, no actuaron de manera inmediata, atendiendo las denuncias de los presuntos vínculos con el crimen organizado ni en la participación en el secuestro y asesinato de militantes del Partido de la Revolución Democrática del alcalde hoy con licencia en Iguala.

4. Esclarecer el nivel de penetración de la delincuencia organiza en los partidos políticos, en particular el que tuvo el Partido de la Revolución Democrática, ¿hasta dónde el señor Arbaca intervino?, ¿si se financió o no alguna campaña de algún dirigente en el Estado o a nivel Nacional.

Aseveró que la decisión que tomo el día de ayer la PGR en donde se desmantela las policías de 16 municipios entre ellos el de Ixtapa de la Sal en el Estado de México, da cuenta que este cáncer a corroído a todos los partidos políticos.

Subrayó que de los dieciséis, once son de otros partidos políticos a los del PRD y el nivel de colisión y complicidad con el crimen organizado da cuenta de una crisis de la ética y de la moral pública.

“Tenemos una crisis profunda en nuestra vida institucional, que con deslindes no se va a resolver, queremos una investigación a fondo, caiga quien caiga, si es el Gobernador, el Procurador de Justicia del Estado o miembros del Congreso del Estado de Guerrero que se les castigue, no solamente el presidente municipal que resulta inexplicable su evasión de la justicia, como también es inexplicable que se haya fugado el responsable de la policía municipal de Iguala, siendo que tenía el mando de los policías que hoy están detenidos y necesitamos que las Instituciones federales en los cuerpos policiacos que por omisiones han generado esta situación”. Acento.

Por último, el legislador concluyó, que hay un asunto de seguridad por la colisión de autoridades y delincuentes, así como el nivel de penetración de dinero sucio y de los propios delincuentes en la estructura de gobierno y en las estructuras políticas; por lo que dijo que se tiene un problema de seguridad nacional desde el momento en que reaparecen grupos armados que buscan operar de nueva cuenta y hacer justicia por su propia mano y cobrar cuentas e incluso hacer ajusticiamientos a quienes considera sus enemigos, lo cual es absolutamente inaceptable y condenable.

“por eso queremos conocer la verdad, sancionar a los responsables y que esta investigación no caiga en la simulación, sino que se evite todo tipo de impunidad sea responsable el gobernante de cualquier nivel que sea el que haya incurrido en estas irresponsabilidades”. Puntualizó

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