Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron, con el apoyo de los senadores panistas, diversas reformas a los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y al inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, en materia de justicia penal para adolescentes.

Con estas modificaciones, en el artículo 18 de la Carta Magna se incluye que la Federación y las entidades federativas establecerán un sistema integral de justicia para los adolescentes, “que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad”.
Este sistema, se remarcó, garantizará los derechos fundamentales que reconoce la Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes.
“Las personas menores de 12 años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, solo podrán ser sujetos de asistencia social”, se aclaró en el texto.
También se precisó que las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente.
“El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas.
“Éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades”, se subrayó en el dictamen.
Respecto a la reforma al inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, ésta faculta al Congreso a legislar en materia de justicia penal para adolescentes.
En la exposición de motivos se señala que el propósito esencial de esta reforma es unificar la normatividad sobre justicia para adolescentes en nuestro país, a fin de evitar, entre otras desventajas, la dispersión legislativa que genera inequidad en el acceso a la justicia y, sobre todo, incertidumbre jurídica en materia de estructura y organización de los sistemas de justicia para adolescentes en cada entidad federativa.
En la discusión del dictamen, el senador panista José María Martínez Martínez afirmó que esta reforma constitucional, que dará pie a una Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, también habrá de abrogar otra que aún no entra en vigor, como es la Ley Federal de Justicia para Adolescentes.
“Hoy lo que pudiésemos presumir de este primer paso en materia de justicia para adolescentes es que estaríamos tratando de estandarizar un poco los criterios en cuanto a la ejecución de sentencias o sanciones de los adolescentes; además, por supuesto, de homologar otros criterios que, a la luz de lo que está ocurriendo en algunos estados, siguen sin desapegarse del modelo inquisitivo”, agregó el legislador por Jalisco.
Lamentó que el estado de Guerrero haya sido la última entidad federativa que adecuó su legislación para crear un sistema de justicia para adolescentes, acorde con una reforma constitucional que data del año 2005.
“El estado de Guerrero apenas publicó su ley de justicia para adolescentes, el 24 de febrero de 2012, curioso, es un poco de lo que ocurre en esa entidad y que nos demos cuenta de este retraso, no sólo cultural, sino también de orden político en ese estado”, agregó José María Martínez.
Por su parte, la senadora panista María del Pilar Ortega Martínez reconoció el trabajo de las comisiones unidas para “hacer adecuaciones al sistema de justicia para adolescentes desde la Constitución acorde a los derechos humanos, dándole seguimiento a disposiciones de tratados internacionales y a la Convención de los Derechos del Niño”.
A propuesta del senador José María Martínez, las comisiones unidas hicieron una modificación en el artículo segundo transitorio del dictamen, para establecer que el Congreso de la Unión, dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberá expedir la legislación nacional en materia de justicia para adolescentes.
A la reunión de las comisiones unidas también acudieron los senadores panistas Roberto Gil Zuarth y Sonia Mendoza Díaz.

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