• Propone mayor coordinación entre el INAPAM y el Instituto Nacional de Geriatría, para optimizar recursos y mayor bienestar de este sector poblacional

Con la finalidad de instrumentar mecanismos más sólidos para la protección y bienestar de los adultos mayores y optimizar el uso de recursos públicos para garantizar una vejez más saludable y participativa de este sector de la población, la senadora Cristina Díaz Salazar presentó al pleno del Senado una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXXI del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

La iniciativa de reforma propone la instrumentación de mecanismos sólidos para la protección y bienestar de las personas adultas mayores, a través de sus organismos descentralizados especializados en temas de envejecimiento, entre otros, como lo es el Instituto Nacional de Geriatría y el Instituto Nacional para los Adultos Mayores.

El documento suscrito también por las senadoras Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Claudia Pavlovich Arellano, Leticia Herrera Ale, Itzel Saraí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, del PRI y PVEM, tiene el propósito de articular la participación del Instituto Nacional de Geriatría en atribuciones contempladas por el Instituto Nacional para los Adultos Mayores (INAPAM).

La senadora Díaz Salazar señaló que actualmente hay 10 millones de personas con 60 años o más en México, lo que representa el 9 por ciento del total de la población nacional, y su tasa anual de crecimiento es 3.8 por ciento, lo que indica que de continuar dicha tendencia, en 2018 habrá 14 millones.

Esto, agregó, da una esperanza de vida en promedio de 76.4 años, lo que implica un reto para la salud de los adultos mayores y de los servicios de salud, ya que prevalecen enfermedades crónicas no transmisibles y generadoras de discapacidad.

“Por ello es necesario un nuevo modelo de atención para hacer frente a la transición demográfica y epidemiológica que vivimos con la creciente prevalencia de las enfermedades aquí mencionadas crónico-degenerativas, así como la discapacidad funcional y mental”, explicó la senadora por Nuevo León.

Explicó que en el rango de atención existen al menos tres grupos: los autónomos, frágiles y dependientes, que requieren la aplicación generalizada de instrumentos, con un enfoque más funcional, y la necesidad de instituir una atención de primer nivel, adaptando la infraestructura y capacitando al personal, con un nuevo modelo de atención médico-social-geriátrico.

La legisladora priista manifestó que lo anterior permitirá optimizar el uso de recursos y potencializar el impacto de las acciones, además de procurar de manera eficiente un envejecimiento y vejez saludable y participativa.

Precisó que todas estas funciones están contempladas en el artículo 1 y 3 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Geriatría, que tiene como áreas de especialización la capacitación de recursos humanos especializados en geriatría y en temas afines al envejecimiento, de las enfermedades y cuidados del adulto mayor, cuyo ámbito comprende a todo el territorio nacional.

La senadora Cristina Díaz indicó que el INAPAM, cuyas funciones son diferentes al Instituto Nacional de Geriatría, es el organismo rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores y su objeto general consiste en coordinar, promover, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estratégicas y programas que se deriven de ella”.

Por lo anterior, la iniciativa propone que para el INAPAM deberá consultar y dar la intervención que corresponda al Instituto Nacional de Geriatría, conforme al ámbito de su competencia y las atribuciones antes señaladas, podrán ejercerse de manera conjunta por los dos Institutos, conforme al ámbito de sus competencias, para lo cual deberán establecer los mecanismos de coordinación necesarios.

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