El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República solicitará a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordene a las instituciones bancarias del país no conceder un nuevo endeudamiento al estado de Coahuila por dos mil 500 millones de pesos, supuestamente para reestructurar la deuda pública y el pago a proveedores, señaló el senador Luis Fernando Salazar Fernández.
En conferencia de prensa, el legislador por Coahuila anunció que presentará un Punto de Acuerdo al Pleno Senatorial para solicitar a la CNBV impedir esta gestión crediticia porque ni siquiera conocemos quiénes son los acreedores, es una acción de “cinismo” por parte del gobernador priísta Rubén Moreira Valdéz, quien en diversos actos públicos “se comprometió a no volver a endeudar a la entidad”.
“Se trata de una clara violación al artículo 117 Constitucional y a los artículos 4 y 5 de la Ley de Deuda Pública de la entidad, además de que no existe ninguna transparencia en el caso de los proveedores en el Estado, en contravención también al numeral 134 Constitucional, pues se desconoce quiénes son y cuántos son”, sostuvo Salazar Fernández.
También el legislador dijo que solicitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCyP), para que de acuerdo a sus atribuciones legales y su normatividad interna, también se oponga a la aprobación y la liberación del crédito solicitado.
Además que se pedirá a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal que, por tratarse de fondos de la banca nacional, bajo regulación federal, se abra una investigación en contra del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdéz, y de su secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores, toda vez que pretenden hacerse de recursos para un fin no permitido en esa clase de operaciones.
El secretario de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara Alta recordó que el 29 de noviembre de 2012 y el 24 de febrero de 2013, Moreira Valdéz afirmó públicamente que: “… su gobierno no se volvería a endeudar ni a comprometer el futuro de los coahuilenses, y aseguró que había liquidez para cumplir los compromisos de pago que tenían programados”.
“Esas declaraciones contienen una alta dosis de cinismo que rebasan la capacidad de indignación de cualquiera, debido a que el Congreso del Estado de Coahuila a solicitud del Gobernador Moreira Valdéz, acaba de aprobar el pasado 7 de octubre, bajo el pretexto de una presunta ‘reestructura’, una deuda adicional de dos mil 500 millones de pesos para pagar a constructores que realizaron obra pública durante la administración de su hermano Humberto y la suya propia”, manifestó el senador Luis Fernando Salazar.
Agregó que tratándose de un crédito, refinanciamiento, reestructura o cualquier sinónimo significa siempre lo mismo: más deuda, porque se trata simple y llanamente de un crédito solicitado a la banca para, según el gobernador de Coahuila, pagar las deudas a proveedores.
Salazar Fernández sostuvo que se trata, dijo, del segundo crédito que pide Moreira Valdéz toda vez que el 6 de noviembre de 2012 pidió a Banobras un crédito por 950 millones de pesos, lo cual, además, es contrario a derecho, es ilegal e inconstitucional, pues no se puede pedir prestado para pagar deudas ni para gasto corriente, lo cual está establecido en el artículo 117 Constitucional, donde se establece que “los Estados y Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas. Los Ejecutivos locales informarán de su ejercicio al rendir sus Cuentas Públicas”.
Mientras que en los artículos 4 y 5 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila se indica que “los recursos obtenidos por las entidades mediante operaciones de deuda pública, únicamente podrán ser destinados a inversiones públicas productivas; queda prohibido a las entidades contraer obligaciones de pasivo, que constituyan deuda pública, para financiar gasto corriente”.
Anualmente el gobierno de Coahuila destina más de cuatro millones de pesos al servicio de la deuda, monto similar al que se destina a inversión pública. Con la aprobación de esta nueva línea de crédito la deuda bancaria del Estado pasará de 34 mil400 millones a 36 mil 900 millones de pesos, más gastos de contratación, “por lo que con el nuevo crédito no solamente empezamos de cero, si no que ahora se deberá aún mucho más”, advirtió.
Mientras que los constructores están siendo utilizados como pretexto para un nuevo endeudamiento, cuyo importe de 5.8 % sobre la megadeuda ya existente es incluso superior al 4.1 por ciento abonado en los últimos tres años a los bancos acreedores, señaló.
“Lo más trágico es que si los coahuilenses seguimos dejándonos, jamás sabremos qué cantidad de los 2,500 millones de pesos que pretende Moreira Valdéz como nuevo, se vayan a destinar al pago de los contratistas acreedores utilizados de excusa, y cuantos millones se van a desvanecer en la licuadora del gasto corriente, del despilfarro y la corrupción”, finalizó el senador panista Luis Fernando Salazar Fernández.
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