• Se trata de una descomposición que prevalece en distintos puntos del país.
• Hay un retraso en las leyes para hacer frente al crimen.
La ola de violencia en Guerrero que alcanzó a estudiantes normalistas y al secretario general de Acción Nacional en la entidad, no es una situación aislada en el país, es muestra de la falta de una estrategia clara por parte de autoridades locales y federales para hacer frente al crimen organizado, así como parte de una cadena de descomposición que prevalece en diversos estados como Michoacán y Tamaulipas, consideró la Senadora Luisa María Calderón.
Al participar en tribuna sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos y presumiblemente ejecutados en Iguala, Guerrero, la senadora panista remarcó que mientras el crimen organizado ha cambiado sus estrategias y métodos de operación, como ocurre en Michoacán, la falta de ejes contundentes de acción en materia de seguridad, como los que se implementaron en el sexenio anterior, así como un retraso legislativo en este sentido, han impedido contener la violencia en el país.
“No podemos llamarnos hoy sorprendidos, han pasado 17 años de la primera Ley contra la Delincuencia Organizada. Ahora y lo aprendimos claro, la delincuencia organizada frente a los intentos de contención también ha hecho su modelo, un modelo que ha replicado en Michoacán, en Tamaulipas y que hoy vemos claramente en Guerrero. Este modelo es el que hoy tenemos que atacar, el de la delincuencia que se infiltra, se diversifica, se hace aliado de candidatos”, expresó la legisladora de Acción Nacional.
La senadora por Michoacán recordó que a partir de un diagnostico puntual que se hizo en la administración pasada se establecieron 3 líneas estratégicas para hacer frente al crimen: la contención, armando cuerpos de inteligencia y engrosando las filas de las instituciones de seguridad con elementos mejor preparados; la reconstrucción de las instituciones a partir de mejores leyes y la reconstrucción del tejido social, como se hizo en Ciudad Juárez y que actualmente es un modelo implementado en los polígonos vulnerables del país.
Añadió que en este contexto el Senado de la República tiene una obligación ineludible de trabajar en la actualización de más de 10 años de retraso en las leyes contra el crimen y el rediseño institucional que permita hacer frente a las distintas expresiones del crimen organizado a partir de mejores herramientas como certeza jurídica, profesionalismo de servidores y coordinación entre autoridades de todos los niveles. Todo ello mientras la clase política trabaja de manera apartidista y desde cada trinchera para hacer frente a la delincuencia.
“Hoy nuestra responsabilidad es decir juntos: ¡basta!, sí exigir la detención de los culpables, pero también es exigible que todos tengamos cuidado en las candidaturas, en los órganos electorales, en las policía; que sumemos esfuerzos, que cumplamos con las metas, que dejemos de lado el tema mediático. Del otro lado la delincuencia sigue haciéndose de aliados y recursos, y de este lado ni siquiera hemos sido capaces de reivindicar el valor y el cuidado de la vida por parte del Estado”, sentenció la Senadora Calderón.
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