Número-181

• Urge construir una política de Estado que garantice la coordinación de todos los niveles de gobierno en la materia.

México requiere de una verdadera política de Estado para proteger y defender los derechos humanos de los connacionales que residen en el extranjero, donde converjan todos los sectores gubernamentales, y no se dependa de acciones “itinerantes y disímbolas entre los diferentes niveles de gobierno”.

Así lo consideró la senadora Cristina Díaz Salazar al presentar dos iniciativas: una, para reconocer, en el artículo 4 de la Constitución, el derecho que tiene toda personas a decidir el cambio de su residencia fuera del territorio nacional y, la segunda,  para expedir la Ley para la Protección de los Mexicanos en el Exterior y Retorno.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la legisladora destacó que alrededor de 12 millones de mexicanos viven en el extranjero y que nuestro país debe estar preparado para enfrentarse a cualquier cambio que ocurra en otras naciones y afecte a las comunidades mexicanas.

En la iniciativa para expedir legislación secundaria, la senadora Cristina Díaz propuso crear un Consejo que coordine las medidas para la protección de los mexicanos en el exterior y su retorno entre tres niveles de gobierno, asociaciones no gubernamentales y el sector empresarial a nivel nacional.

También planteó que el Consejo oriente sus políticas a crear incentivos de carácter aduanero, tributario, financiero, laboral, sanitario, educativo y de vivienda para promover su regreso. “No olvidemos que tenemos un compromiso pendiente con los migrantes”, expresó.

La iniciativa que reforma el párrafo séptimo del artículo 4 de la Constitución, se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación, Asuntos Migratorios y Estudios Legislativos, Primera. Y la propuesta para expedir la nueva Ley se envió a las comisiones de Gobernación, Asuntos Migratorios y Estudios Legislativos, Primera. Ambos proyectos, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

 

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