Número-077

• Solicita a la SRE y al INM un informe en la construcción de la agenda para realizar acciones que garanticen la seguridad y derechos humanos de los migrantes.

El Pleno del Senado aprobó cuatro dictámenes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, entre los que destaca el que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, sean revisados los montos asignados al Fondo Fronterizo.

Ello, con el fin de atender a las personas migrantes deportadas y a la población migrante en tránsito, en especial para las entidades fronterizas que mayor población de migrantes reciben, como  Baja California y Tamaulipas.

Asimismo, solicita a la SEGOB para que,  a través del Instituto Nacional de Migración (INM), se establezcan convenios y se implementen acciones que permitan atender a la población de migrante en las entidades fronterizas y se pueda aumentar el apoyo que brindan las organizaciones de la sociedad civil como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia federal,  de las entidades y municipios de los estados fronterizos.

Pide a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementar estrategias con programas de apoyo al empleo para connacionales repatriados.

Solicitan al titular del INM, Ardelio Vargas Fosado y al Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Humberto Roque Villanueva, un informe y posteriormente una reunión de trabajo para conocer las acciones frente a la realidad migratoria en ambas fronteras del país.

La senadora Layda Sansores San Román, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, dijo que es delicado el tema de la frontera debido a que es ahí  donde llega el mayor número de repatriados,  que hasta el momento hay unos 50 mil 236.

Al señalar que es importante saber qué acciones se han implementado y que otras podrían tomarse para apoyar a estos estados fronterizos, indicó que el titular del INM siempre ha estado en disposición de asistir cuantas veces se le solicita.

La senadora del PRI, Marcela Guerra Castillo, precisó que el punto de acuerdo tiene como finalidad el atender a las personas deportadas y a la población migrante en tránsito para que su retorno se lleve a cabo con dignidad y seguridad.

Por su parte, el senador independiente, Raúl Morón Orozco, comentó que el gobierno mexicano debe atender y mantener los programas de protección a migrantes, destinar los recursos necesarios para la atención de personas que están en tránsito o de retorno a sus países de origen e indicó que la protección de los derechos humanos tanto de nacionales como de migrantes centroamericanos deben ser protegidos.

En otro punto de acuerdo, el Senado solicitó a la SRE y al INM un informe sobre los avances en la construcción de una agenda para llevar a cabo acciones eficaces y coordinadas que garanticen la seguridad y derechos humanos de los migrantes que se verán afectados por la nueva relación  con Estados Unidos.

Además, exhortó al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a revisar el gasto público destinado a la protección de los derechos humanos de la población migrante, incluyendo los recursos canalizados a instancias de la Administración Pública Federal que han incrementado su participación en la atención de la población migrante adulta e infantil. 

En otro dictamen, avalado por el Pleno, se solicita a las entidades federativas que se sumen a los esfuerzos de las autoridades federales en la identificación, ayuda y protección de los niños, niñas y adolescentes centroamericanos no acompañados, en el contexto de migración internacional en su tránsito por México.