Número-33
- En los últimos cinco años, 42 centros presentaron esta condición; faltan políticas públicas eficaces que prevengan y nulifiquen los riesgos.
El Pleno de la Comisión Permanente recibió el oficio con la Recomendación General número 30, sobre las condiciones de autogobierno y/o cogobierno en los centros penitenciarios de la República Mexicana, enviado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Dicha recomendación está destinada a la Secretaría de Gobernación, los gobernadores de las entidades federativas, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y el titular de la Comisión Nacional de Seguridad.
De acuerdo con la CNDH, es inaceptable que exista un buen número de prisiones en el país con condiciones de autogobierno y/o cogobierno; y refiere que en los últimos cinco años, 42 centros presentaron esta condición, dato obtenido de las visitas del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Señala que el problema se agrava por el aumento de internos vinculados con la delincuencia organizada o con capacidad económica, recluidos en centros estatales y municipales, quienes por lo general controlan la prisión, situación tolerada por algunas autoridades.
El problema de la ingobernabilidad radica en la falta de acciones que busquen evitar casos violentos como motines, evasiones, homicidios, riñas y extorsiones, como los ocurridos en Topo Chico, Apodaca y Cadereyta en Nuevo León; Ciudad Victoria en Tamaulipas; Culiacán en Sinaloa; Cancún en Quintana Roo; Matías Romero en Oaxaca; y en la Ciudad de México.
La CNDH subraya que hacen falta políticas públicas eficaces que prevengan y nulifiquen dichos riesgos, documentados por los organismos protectores de derechos humanos a escala nacional e internacional.
Aunado a lo anterior, debe considerarse que el presupuesto otorgado al sistema penitenciario en cada una de las entidades federativas, en la mayoría de los casos es insuficiente e inadecuadamente distribuido.
Detalla que 56 por ciento es destinado al pago de salarios, 30 por ciento para materiales y suministros –servicios de alimentación, gas, luz, telefonía, y todo lo relacionado con la operación de los centros– y 13 por ciento se distribuye en el resto de los capítulos, limitándose las acciones de mantenimiento y equipamiento de la infraestructura penitenciaria de todo el país.
La recomendación de la Comisión consta de seis puntos: ejecutar un programa de monitoreo permanente para verificar el estado de la seguridad y las condiciones de gobernabilidad de todos los centros penitenciarios, y que se instrumente un programa de mejora continua que contemple su control y gobierno de forma integral.
Asimismo, destinar en forma suficiente y etiquetada el presupuesto otorgado al sistema penitenciario de cada entidad federativa, con apoyo y seguimiento de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.
Incrementar la plantilla del personal de seguridad y custodia en los centros de reclusión que cuenten con un número inferior al necesario; identificar a los servidores públicos que indebidamente propician las condiciones de autogobierno y proceder contra ellos administrativa y penalmente.
Impulsar los programas de rendición de cuentas por parte de los órganos de control de cada dependencia y/o entidad federativa, para erradicar prácticas que fomenten condiciones de autogobierno y/o cogobierno en los centros penitenciarios de la República Mexicana.
Y desarrollar un programa permanente de capacitación para el personal de seguridad y custodia de los centros de reclusión del país, con respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
La CNDH señala que la gobernabilidad de los centros de reclusión, es un requisito indispensable para la consecución de sus fines, por lo que constituye un requisito ético, jurídico y de protección que recae indefectiblemente sobre las autoridades.
La recomendación general de la CNDH fue turnada a las comisiones de Derechos Humanos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, respectivamente.