Número-1123

• La SEP emitirá un marco nacional de cualificaciones dirigido a facilitar la movilidad de estudiantes en el sistema educativo.
• Se obliga a las autoridades educativas federal y locales a garantizar el acceso a la educación a las personas que no cuenten con documentos académicos o de identidad.

El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general, con 107 votos a favor y uno en contra , el dictamen que reforma la Ley General de Educación, que  garantizará que todas las personas que habitan en el país tengan las mismas oportunidades para transitar por todos los tipos y niveles del Sistema Educativo Nacional y agilizar la revalidación de estudios realizados en el extranjero.

El dictamen, elaborado por las comisiones unidas de Educación y Estudios Legislativos, contiene 13 modificaciones al proyecto original enviado por el Ejecutivo Federal, el 1 de febrero pasado.

Con las modificaciones al artículo 2, se garantiza que todos los habitantes del país tengan las mismas oportunidades para transitar por todos los tipos y niveles del Sistema Educativo Nacional; al artículo 12, eleva a rango de ley la facultad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de establecer normas de control escolar que faciliten, en el caso de la educación básica, la inscripción, reinscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación de estudios.

En ese mismo artículo, se faculta a la SEP a emitir un marco nacional de cualificaciones, dirigido a facilitar la movilidad de estudiantes en el sistema educativo; así como a autorizar a las instituciones particulares, con reconocimiento de validez oficial, y públicas a otorgar revalidaciones y equivalencias parciales de estudios de educación media superior y superior.

En el artículo 14, se establece que las autorizaciones antes mencionadas no tendrán carácter definitivo; en el artículo 56, se señala la obligación de las autoridades educativas de publicar en sus portales electrónicos la lista de instituciones autorizadas.

La reforma al artículo 32, faculta a las autoridades educativas a implementar acciones dirigidas a atender, de manera preferente, a las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, de identidad cultural, origen étnico o nacional o situación migratoria, entre otras.

El artículo 33, obliga a las autoridades educativas federal y locales a garantizar el acceso a la educación  de las personas que no cuenten con documentos académicos o de identidad; así como cancelar la obligatoriedad de presentar actas de nacimiento o apostillas.

En el artículo 63, se establece que las autoridades educativas e instituciones que otorguen revalidaciones y equivalencias deberán promover la simplificación de dichos procedimientos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad.

Contiene cuatro nuevos artículos transitorios, entre ellos, se especifica que el marco nacional de cualificaciones deberá ser emitido por la SEP en un plazo no mayor a un año y la misma Secretaría deberá emitir o actualizar, en un plazo no mayor a 60 días, el marco jurídico del acuerdo secretarial 286.

Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, subrayó que la iniciativa representa una contribución que por largo tiempo fue esperada, pues en el fondo resuelve el problema de la movilidad de las personas; además de crear un marco de cualificaciones.

Con la reforma a la Ley se hará justicia a las personas que están en condición de movilidad y necesidad, especificó: becarios, refugiados, asilados, migrantes nacionales, centroamericanos, a quienes provienen de Canadá y Estados Unidos.

Graciela Ortiz González, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, comentó que el trabajo de las comisiones se basó en la reducir y simplificar los requisitos y procesos burocráticos de reinserción al sistema educativo nacional, para la revalidación de estudios superiores y evitar que la falta de documentos de identidad o académicos impida el acceso inmediato al sistema educativo nacional.

Las reservas a varios artículos fueron rechazadas y en votación nominal fueron aprobados, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales.

Posicionamientos

Durante los posicionamientos en torno al dictamen, el senador del Grupo Parlamentario del PT, Manuel Bartlett Díaz, dijo que la reforma permite que las universidades privadas autoricen la validación de estudios en la educación superior, es decir, “privatizar el procedimiento de validación o convalidación de estudios”.

El senador del Grupo Parlamentario del PVEM, Juan Gerardo Flores Ramírez, aseguró que esta reforma no privatiza la educación, sino que delega facultades a efecto de garantizar que todas las personas que habitan el país, cuenten con las mismas oportunidades para transitar por todos los tipos y niveles del sistema educativo nacional.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, el senador Raúl Morón Orozco explicó que esta iniciativa proviene de un enorme agravio hacia México: el ataque sistemático que Donald Trump ha emprendido en contra de nuestro país. Pero, también, precisó, es parte de las acciones y acuerdos que debemos tomar los mexicanos para enfrentar la crisis en la relación bilateral.

La senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, expuso que no es “una gran reforma”, pero atiende justamente a la población migrante que regresa a casa en busca de una nueva oportunidad de trabajo, sobre todo, en las ciudades.

Benjamín Robles Montoya, del PRD, refirió que en una misiva, el joven retornado Jorge Lerma le manifestó que la revalidación de estudios a nivel superior debió establecerse como automática, lo cual evidencia que no se ha satisfecho de todo las expectativas de los migrantes.

Por el Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Mariana Gómez del Campo, consideró que se busca adecuar la ley a la realidad del país, y asegurar el derecho humano de acceso a la educación, plasmado en el artículo 3º constitucional, en beneficio de todos los migrantes, mexicanos y extranjeros.

El senador del PRD, Armado Ríos Piter, destacó el trabajo realizado en la reforma preferente por parte de las comisiones encargadas, pues subrayó que a veces las divisiones partidistas los limitan o los nublan en la capacidad de hacer política legislativa, y tener una altura de miras frente a los retos como la que presenta la nueva administración de Estados Unidos.

El senador del PRD, Fidel Demédicis, luego de destacar que con las reformas a la Ley General de Educación se quita un obstáculo burocrático para que los estudiantes que vengan de fuera puedan validar sus estudios, dijo que la reforma preferente es ágil y segura para los estudiantes.

Angélica de la Peña, senadora del Grupo Parlamentario del PRD, reconoció el trabajo de las comisiones dictaminadoras, por tomar aspectos de otras iniciativas, con lo que se fortaleció la propuesta original del Ejecutivo federal.

El senador Mario Delgado, del Grupo Parlamentario del PRD, subrayó que se hubiera querido otro tipo de iniciativa más contundente que modificara la relación de fuerza de México y Estados Unidos, así como la estrategia que contrarreste la nueva política migratoria.

El senador Daniel Amador Gaxiola expresó que “más allá de las filias, de fobias, de banderas partidistas y protagonismos políticos”, los mexicanos reclaman una unidad para enfrentar el reto que representa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI el legislador hizo un llamado para cerrar filas, sumar a la unidad nacional y respaldar al Presidente de la República para hacer valer la soberanía de México.