Número-020 

• El cierre de diversos negocios fracturó la economía de la industria. Se estima una caida de 6.6 por ciento del PIB en México para 2020.

Con el objeto de garantizar temporalmente un ingreso económico suficiente ante la situación de desempleo, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, propuso modificar el Artículo 123 de la Constitución Política, para promover la creación de empleos, la organización social del trabajo y el respaldo económico ante la falta de trabajo.

 

El cierre de operaciones de diversos negocios rompió la dinámica económica de diversas industrias, incluyendo actividades primarias. México, argumentó, es uno de los países con mayor impacto en su economía, debido a dichos cierres y a los paros de la actividad como medidas de contención para evitar la propagación del coronavirus, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), agregó.

 

Moreira Valdez señaló que el Fondo Monetario Internacional estima una caída de más del 6.6 por ciento del PIB de México para este año. La crisis económica podría ser causante de que más de dos millones de personas pierdan su empleo y cientos de negocios quiebren por falta de liquidez, por lo que, urgió a apoyar a los millones de mexicanos que se encuentren en esta situación.

 

Recordó que diversos países en el mundo han anunciado ya medidas de protección destinadas a mitigar los efectos inmediatos por la pérdida de empleo. No obstante, dijo, en México a pesar de que se han generado acciones para dicho fin, aún falta mucho por hacer.

 

En el país se tiene uno de los programas emergentes más bajos de entre las 20 principales economías del planeta, por lo que, de no realizar acciones complementarias, la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria podría incrementar en 10 millones la población en situación de pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), concluyó.

 

La iniciativa que modifica el artículo 123 constitucional, fue turnada a la Comisión de Puntos constitucionales de la Cámara de Diputados.