Número-232
- Además, que la SHCP reasigne recursos para esta labor.
En reunión ordinaria, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, que preside el senador Raúl Paz Alonzo, aprobó 17 dictámenes sobre puntos de acuerdo que le fueron turnados por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.
Uno de ellos exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana para reforzar las medidas para erradicar inseguridad y violencia.
El texto de la proposición explica que la seguridad pública es un derecho fundamental de los individuos, en la medida que permite salvaguardar su integridad y patrimonio, a la vez que representa un factor clave para la sociedad en su conjunto al garantizar el orden y la tranquilidad, además de sentar las bases para las inversiones, el crecimiento económico, el progreso y el bienestar de las familias.
Igualmente, señala que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar este derecho fundamental a toda la población. Ante este panorama, la proposición pide a dicha Secretaría que en el ámbito de sus atribuciones, refuerce las acciones para salvaguardar la vida, libertad, integridad y pleno ejercicio de los derechos de las personas.
Además, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analice la viabilidad de la reasignación de recursos en materia de seguridad, procedentes del subejercicio presupuestal del 2019.
Igualmente, se presentó un exhorto a la Fiscalía General de Colima y al gobernador de ese estado, José Ignacio Peralta Sánchez, a conducirse con perspectiva de género en la investigación, medidas y acciones de protección hacia la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, quien padeció un atentado el día 26 de Julio en cumplimiento de sus funciones públicas.
Cabe recordar que la camioneta de dicha edil fue interceptada por cuatro hombres en dos motocicletas quienes dispararon contra ella. Dos personas resultaron heridas, un escolta de la Secretaría de Marina y una ciudadana que pasaba por el lugar.
La proposición también exhorta a las autoridades locales y federales en materia de seguridad pública, a reforzar la seguridad de la presidenta municipal, y cumpla con las funciones públicas para las que fue electa.
También, fue aprobado un exhorto a la Procuraduría Agraria, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional para que, de forma coordinada, refuercen las medidas para erradicar la inseguridad y violencia en los municipios de Guerrero y Oaxaca debido a conflictos ejidales.
El que existe entre Jicayan de Tovar, Guerrero, y Jicaral, Oaxaca, que data de más de 11 años, se ha agudizado desde febrero de este año, derivando en enfrentamientos donde ha habido muertos y heridos. Desde ese mes, explica la proposición, no hay ningún tipo de servicios en la comunidad de Jicayan de Tovar, por lo que están suspendidas las clases de nivel básico y no hay servicios de salud.
La proposición solicita la intervención de los tres niveles de gobierno para resolver el conflicto agrario y recuperar la paz de esta región que se ha vuelto una “zona de guerra”.