Número-286

• Demanda el Pleno resolver problemas de adquisición de vivienda entre 1991 y 1992.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo, para que en la decisión sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se privilegie el impacto ambiental, el aspecto técnico y los beneficios que trae consigo el proyecto.

Se advierte que de no llevarse a cabo la construcción, cancelación o suspensión del Nuevo Aeropuerto se reducirían empleos, inversión, así como intercambio comercial, se limitarían las importaciones y exportaciones de productos, llegada de personas, el turismo, derrama económica y desarrollo del país.

La ley mexicana protege a los contratistas, quienes en caso de una cancelación contractual se incumplirían varios tratados comerciales, las penalizaciones serían mucho más elevadas, es decir se estaría violando el principio del Estado de Derecho.

Además, la realización de la consulta nacional sería inconstitucional, ya que iría en contra de lo que se establece en la Constitución, la cual señala cuales son las materias que no son objeto de consulta, así como la fecha para su realización.

El senador Víctor Hermosillo y Celada dijo que la decisión no debe ser política, pues debe privilegiarse la seguridad de los pasajeros, el desarrollo regional y nacional, la generación de empleos y la derrama económica, además de los posibles litigios que se pueden presentar con los contratistas.

El diputado Juan Romero Tenorio propuso modificar el resolutivo para incluir el aspecto del medio ambiente en la decisión de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que puede “salir más caro su mantenimiento, tomando en cuenta” el tipo de suelo en el que se pretende su edificación.

Demanda el Pleno resolver problemas de adquisición de vivienda entre 1991 y 1992

Legisladoras y legisladores solicitaron al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, analice e implemente acciones que permitan resolver de manera definitiva la problemática legal que afecta a los trabajadores de todo el país, que adquirieron créditos de viviendas entre 1991 y 1992.

En el dictamen de punto de acuerdo, se pide respetar el plazo de 20 años para concluir los pagos de los respectivos créditos, como se estableció en los contratos originales.

La diputada Ruth Tiscareño Agoitia recordó que el derecho a la vivienda está contemplado en los artículos 4 y 123 de la Constitución, por lo que, urgió a solucionar el problema de la adquisición de vivienda y de los pagos excesivos que se han realizado a los trabajadores por parte del Infonavit.

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