Número-136

• Primera Comisión sostiene reunión de trabajo con Fiscal Especial, Subprocuradora y Subsecretario de Derechos Humanos.
• Funcionarios afirman que no es necesario cambiar la ley;  anuncian reforzar protocolo y crear unidades estatales de investigación.

Senadores y diputados de la Primera Comisión, que preside la senadora Graciela Ortiz González, solicitaron a los titulares de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República; y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que reviertan deficiencias en la protección a los periodistas.

Durante la reunión de trabajo en el salón de Protocolo de la Mesa Directiva,  el fiscal especial Ricardo Sánchez Pérez del Pozo; la subprocuradora Sara Irene Herrerías Guerra, y el subsecretario Roberto Campa Cifrián, reconocieron que se han registrado deficiencias en el protocolo, como la falta de oportunidad en la detección de riesgos lo cual impide salvar más vidas de periodistas, así como la carencia de Ministerios Públicos, policías especializados y agentes, que permitan agilizar las investigaciones y combatir la impunidad en la comisión homicidios de reporteros.

El subprocurador Campa Cifrián dijo que México tiene el desafío de garantizar la defensa y protección de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, de enfrentar la violencia que genera la delincuencia organizada en nuestro país.

“En ningún otro lugar del mundo, lo sostengo con toda seriedad, el crimen organizado tiene las ventajas y las oportunidades que tiene en México, con una puerta de 3 mil kilómetros con el gran mercado de consumidores, mayor que el del resto de los consumidores del mundo sumados, además de  la disposición absoluta de armas de fuego de cualquier calibre. Sólo en la frontera de México, funcionan más de 8 mil 700 tiendas que venden armas”, destacó.

En ese entorno, afirmó,  se inscribe la violencia contra defensores y periodistas, por lo cual “el Estado debe mirar por todos, pero en un estado democrático de derecho, la protección de periodistas y defensores, debe ser una política prioritaria y se decidió la creación y fortalecimiento de un mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a partir de 2012.

Explicó que el mecanismo tiene como objetivo principal, garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo, como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, mediante la implementación de medidas de protección y prevención, en coordinación con las entidades federativas.

El fiscal Sánchez Pérez del Pozo advirtió que “mientras exista impunidad, las demás medidas de prevención y protección para periodistas no serán suficientes para evitar que nuevos actos de esta naturaleza sucedan en nuestro país”,

Uno de los objetivos a alanzar, apuntó, es  que la Agencia de Investigación Criminal, la Comisión Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal y las secretarías de seguridad pública procuradurías y fiscalías, trabajen bajo el mando del Ministerio Público de manera coordinada, para lo cual  se han fortalecido los lazos de coordinación interinstitucional, bajo esquemas de investigación que permitan dar resultados.

Remarcó que desde el inicio de su gestión en la Fiscalía, he establecido contacto con las organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones que representan periodistas, para establecer un plan de trabajo conjunto que tenga sustento en la opinión y en las falencias que se han detectado a lo largo del tiempo que ha funcionado la Fiscalía.

La subprocuradora Herrerías Guerra explicó que en la elaboración del protocolo se ha contado con una activa participación de la sociedad civil, como  Espacio OSC y Artículo 19, las cuales coadyuvaran respecto al acompañamiento que hacen a las personas que acuden a la Fiscalía.

De igual forma se han sostenido reuniones con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el representante del Alto Comisionado,  con quienes se trabaja de forma coordinada en un protocolo de defensores de derechos humanos, en específico.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del PES, reconoció la labor que realizan actualmente las autoridades para la protección de 556 periodistas en riesgo, así como que haya un claro diagnóstico de la gravedad en que se encuentra la libertad de expresión; “pero, el gran tema es que no traemos una solución a este problema”, acotó.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de MC, puso en duda verdaderos avances, al señalar que no se tienen cifras de consignaciones ni sentencias de responsables de agresores a periodistas y defensores de derechos humanos; además, de que tampoco hay registro de la diferencia entre los casos de competencia federal y aquellos estatales, lo cual es de suma importancia para lograr superar obstáculos que se interponen por parte de algunos gobiernos locales que se hicieron cómplices del crimen organizado y lo protegieron.

El senador David Monreal Ávila, del PT, apuntó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha revelado que la Fiscalía Especial “tiene un grado del 97 por ciento de ineficiencia en la investigación y sentencia de los crímenes cometidos en contra de los periodistas”.

La diputada por el PVEM Lía Limón García apuntó, por su parte, que es de suma relevancia el trabajo conjunto de las autoridades con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), pues “por más esfuerzos que se hagan a nivel federal, no se lograrán objetivos si en las entidades no existe un verdadero compromiso por atender de manera preventiva, primero dar protección a los periodistas que son amenazados; y por otro lado, avanzar en las investigaciones que haya de las agresiones que se den”.

La senadora por el PRD, Dolores Padierna Luna, retomó las deficiencias en el protocolo de protección a periodistas, al anotar que la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados, refiere que de 2010 a la fecha, se han integrado 368 expedientes por amenazas, 150 por abuso de autoridad, 70 por lesiones, 70 por robos, 66 por homicidio, 55 por privación ilegal de la libertad, 48 por daño a propiedad ajena, y se ejerció facultad de atracción en 48 casos.

“De este universo, se han logrado sentencias condenatorias en tan sólo tres casos; es decir, el 99.7 por ciento de los casos permanecen en la impunidad. Tal vez esa sea la razón por la que los periodistas no quieran inscribirse en ese mecanismo”.

El senador Héctor Larios Córdova, del PAN, subrayó lo referente a las fallas detectadas en el monitoreo realizado en redes sociales y otros instrumentos, para la detección de riesgos que se realiza actualmente a 556 personas, de las cuales 40 por ciento son periodistas y el 60 por ciento defensores de derechos humanos.

“Pregunto si dos de los casos emblemáticos, de Chihuahua con  Miroslava Breach; y  el de Sinaloa, de Javier Valdez, en los que había razones para suponer que podían ser sujetos a alguna agresión, no fueron detectados en el monitoreo. Yo supondría que el sistema de monitoreo no detectó ninguno de esos dos casos. Es una pregunta específica que quisiera saber”.

El diputado Vidal Llerenas Morales, de Morena, reflexionó en que la impunidad que priva en el asesinato de reporteros es similar a la de otros crímenes, es decir de alrededor de 90 por ciento, “es decir, aquí a lo que nos enfrentamos son con ministerios públicos que no investigan, que no presentan pruebas, jueces que tienen cargas de trabajo inmensas, etcétera”.

Ante ello, cuestionó a los funcionarios si existe un análisis del por qué hay un incremento de los homicidios y delitos contra periodistas en el último año, cuál el diagnóstico que tienen al respecto. “Y el tercero, ¿por qué nunca se detiene a nadie? ¿Por qué no hay jamás ejecutores?”.

El senador Miguel Romo Medina, del PRI, hizo hincapié en la posibilidad de tener claridad en la problemática que atenta contra la libre expresión, lo cual obstaculiza establecer mecanismos para su posible solución.

El diputado por el PRD Jesús Zambrano Grijalva, en la segunda ronda, solicitó a la Fiscalía especial, Subprocuraduría y Subsecretaría de Derechos Humanos, que en breve presenten ante la Primera Comisión información más acuciosa y detallada, con la debida reserva que marca la ley, respecto a los estatus en que se encuentran las líneas de investigación.

En este mismo sentido, se pronunció el diputado por el PAN, Federico Döring Casaar, quien les solicitó presenten las estrategias que les permitan salvar los obstáculos que hasta ahora han enfrentado para garantizar la libertad de expresión en el país.