Número-007

• Combatir la corrupción, en particular durante campañas electorales, el objetivo.

La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia propuso reformar el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de que incluya que incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener algún beneficio para un partido político.

En la propuesta, se precisa que incurrirá en cohecho el funcionario que “exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos”.

También señala que será meritorio de ser sancionado, en caso de que obtenga “beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para partidos políticos, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”.

La legisladora del Grupo Parlamentario del PRI refirió que la corrupción ha permeado en todos los ámbitos políticos y de gobierno, particularmente en el manejo de programas sociales para beneficiar a un partido en especial durante campañas electorales, por lo cual es urgente plantear bases firmes para que no queden impunes estos actos de corrupción.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.