La senadora del PAN, Sonia Mendoza Díaz presentó una iniciativa que busca reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de establecer con certeza los plazos para la creación del nuevo órgano constitucional autónomo en materia de anticorrupción.

La iniciativa busca clarificar la ruta crítica para el establecimiento del sistema constitucional de rendición de cuentas y combate a la corrupción y precisa que dicho órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción deberá crearse a más a tardar el 15 de diciembre de 2013.

Asimismo, establece que en caso de que para dicha fecha no se hayan expedido las disposiciones constitucionales y legales por la cuales se crea el correspondiente órgano en materia anticorrupción, quedarán derogadas, exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y la transferencia de sus atribuciones.

Lo anterior, debido a que el pasado 2 de enero de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establecían la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, hacia un órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción, el cual asumiría las atribuciones que venía detentando la referida Secretaría en materia de prevención y combate a la corrupción.

En dicha legislación se indica que este nuevo órgano constitucional sería creado a la “brevedad” por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en tanto, la Secretaría de la Función Pública continuaría ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al momento de expedición del decreto.

Sin embargo, subrayó, han pasado más de once meses sin que pueda ser concretada la referida reforma constitucional, pese a que han sido presentadas diversas iniciativas al respecto.

“Es preocupante que a casi un año no se ha podido concretar una reforma constitucional que establezca de manera clara, precisa y eficaz, un marco jurídico eficiente y eficaz en materia de prevención, combate y sanción a los actos de corrupción”, dijo.

Es por ello que la iniciativa enviada a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, pretende establecer una temporalidad máxima para la creación del órgano constitucional en materia de corrupción, así como una consecuencia legal, clara y definida en caso de que no se haya dado cumplimiento a la construcción de este órgano.

“Resulta apremiante que el Congreso de la Unión dé una respuesta contundente en el tema de combate a la corrupción y evitar medias tintas en el la lucha a uno de los principales problemas del país, como lo es la impunidad en el ejercicio de la función pública”, finalizó.

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