Para ello, se avaló que el Instituto Federal de Defensoría Pública actúe en coordinación con traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que aquellos pertenezcan.
En el dictamen aprobado se hace notar que el acceso a la justicia para este sector de la población es complejo, pues aún persiste una gran carga discriminatoria en su contra.
Lo anterior, se agrega, los coloca en una situación de doble vulnerabilidad, ya que además de sufrir las consecuencias de los procesos legales a los que pueden ser sometidos, la dificultad para comunicarse efectivamente hace nugatorios sus derechos más elementales.
Refiere que la población indígena representa el 10 por ciento de los habitantes del país y existen 364 lenguas originarias.
Es por eso que los senadores destacaron la importancia de que los pueblos indígenas sean atendidos por los órganos estatales de acuerdo a sus derechos humanos.
Fortalecer el sistema de derechos de la población indígena es un imperativo que el Estado debe atender y garantizar, a efecto de que ese sector cuente con todas las herramientas necesarias para enfrentar un proceso jurídico que respete sus garantías, puntualizaron.
Al respecto, el senador perredista Isidro Pedraza Chávez consideró oportuna la modificación porque actualmente hay cerca de 6 mil 700 indígenas procesados en el país y con esta reforma se permitiría que las acciones de la justicia puedan hacerse más prontas y expeditas para aquellos que hablan alguna lengua diferente al español.
Refirió que de cada 100 indígenas procesados, 82 son condenados porque no han podido defenderse de alguna manera en los juzgados, por lo que es “importantísimo poder tener esta posibilidad del auxilio del traductor para los compañeros que están enfrentándose a estos procesos penales”.
Su compañero de bancada, el senador Benjamín Robles Montoya dijo que se debe velar por las comunidades indígenas y dotarlas de herramientas que les permitan seguir con el uso de su lengua natal y que los incluya de manera integral al sistema de justicia.
La minuta que reforma la Ley Federal de Defensoría se envió a l Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
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