La Cámara de Senadores aprobó con 99 votos a favor, modificaciones a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, con la finalidad de que si se libera a la víctima dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, la pena será de dos a seis años de prisión.

En el dictamen avalado, se establece que si espontáneamente se libera a la víctima dentro de los tres días siguientes al secuestro, sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito, la pena será de dos a seis años de prisión y de 50 a 150 días de multa.

De igual forma, acordó que si la víctima se le hubiere causado alguna lesión, la pena para el secuestrador sería de nueve a 16 años de prisión y de 300 a 500 días de multa, así como la colocación de dispositivos de localización y vigilancia hasta por cinco años posteriores a su liberación.

Asimismo, se estipuló que los imputados por la comisión de este delito, durante el proceso penal, estarán sujetos a prisión preventiva.

Al respecto, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Francisco Arroyo Vieyra, explicó que las reformas “tienen que ver con dos pequeñas correcciones a la llamada ley antisecuestros”.

Son dos correcciones que no pudimos pasar como fe de erratas y por eso pedimos a las comisiones este proceso parlamentario, puntualizó.

Es importante --dijo-- que la derivemos de inmediato a la Cámara de Diputados de tal suerte que se promulgue y se hagan los ajustes necesarios para el éxito cabal de la gestión de este cuerpo normativo.

Sobre el tema, el senador petista Ricardo Monreal Ávila expresó que el país está inmerso en una crisis de seguridad, y el secuestro es uno de los actos más desdeñables que el Estado debe condenar.

Al referirse al incidente donde perdió la vida un agente de Estados Unidos en San Luis Potosí, manifestó que éste ha puesto a funcionar a todo el aparato de inteligencia de ambos países.

“Un día bastó para que el director de la Secretaría de Seguridad Pública, antisecuestros, junto con el FBI, se apersonaran en el lugar de los hechos e iniciaran una investigación profunda”.

Me pregunto: ¿y los cientos de casos de mexicanos que padecen el ir y venir en las dependencias en la búsqueda de sus familiares, qué es lo que sucede, son mexicanos de segunda frente a extranjeros de primera?

Por su parte, el senador Tomás Torres Mercado señaló que hay graves disonancias entre las leyes locales y la federal, las cuales se traducen en que el código penal de un estado no establezca los mismos tipos de delito que la ley general.

Existen delitos federales y del orden común y si no está con claridad tal regla, el destino de esta ley puede ser fatal, advirtió el legislador perredista.

Por ello, consideró que se tiene que salvar esta cuestión de procedimiento porque de otra suerte puede tener un efecto negativo en la ley.

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