La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial “acelerará el paso” para concretar la “reforma urbana”, a fin de evitar los más de 200 mil asentamientos irregulares que se registran cada año y catástrofes como la ocurrida en Acapulco, expresó el senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.

El presidente de este órgano legislativo enfatizó que la enmienda “se vuelve doblemente importante” cuando vemos eventos que siendo naturales se convierten en “catástrofes”, como el caso de Acapulco y al “saber que un buen número de ciudades y de poblaciones del país se encuentran con la misma vulnerabilidad”.

Al recibir las conclusiones del foro sobre La Reforma Urbana: urgencia de seguridad nacional, por parte de la Asociación Mexicana de Urbanistas, el legislador dijo que esta situación “nos anima a acelerar el paso, como Comisión y poder tener, lo más pronto posible, soluciones” a este tipo de acontecimientos.

Destacó que se requiere un marco jurídico e institucional que permita, en el futuro, la armonización de más de 20 leyes que tiene que ver con el tema, como los ordenamientos en materia agraria, medio ambiente, asentamientos humanos, catastro, registro público o de coordinación fiscal, por lo que “es un proceso que no se acabará en el corto plazo”.

Esto, agregó, también implicará cambios de orden cultural y en los modelos de “desarrollo del suelo”, porque es indispensable generar alternativas para la oferta de vivienda y espacios, pues la ausencia de estos mecanismos ha provocado “más de 200 mil asentamientos urbanos” irregulares, muchos de ellos en zonas de riesgo.

En su intervención, la senadora priista Angélica del Rosario Araujo Lara reconoció que durante los últimos años “cedimos mucho los espacios” de desarrollo de nuestras ciudades “a los intereses personales o de grupo” y eso provocó su crecimiento desordenado.

Afirmó que la planeación urbana es estratégica y “nos puede ahorrar costos, dolores de cabeza y faltas de funcionamiento”, así como problemas de seguridad.

La senadora perredista Lorena Cuéllar Cisneros coincidió en que la planeación urbana no sólo beneficia a unos cuantos sino a toda la población y si las tres principales fuerzas políticas representadas en el Senado se ponen de acuerdo “seguramente habrá una buena iniciativa”.

En tanto, Joaquín Álvarez Ordoñez, presidente la Asociación Mexicana de Urbanistas, se pronunció por hacer “una gran labor de capacitación”, pues “a veces hemos visto” que quienes tiene que aplicar los ordenamientos legales “no tienen el perfil ni la capacidad” para interpretarlos.

De lo contrario, apuntó, el esfuerzo para la reforma “sería parcial”, como sucede en estos momentos que “tenemos una normatividad, buena o mala, pero que no se cumple” y lo que ha pasado en los últimos años se ha debido a esta situación y al “lastre nacional de la corrupción” en algunas áreas de gobierno.

“Como lamentablemente todos estos ordenamientos no contemplan sanciones” se cumplen de manera discrecional”, asentó.

Respecto a la operación y control, Mauricio Grajales, de dicha Asociación, destacó la “necesidad de tener dientes en la ley” porque parte de lo que no funciona, sobre todo en la autoridad en materia urbana es la falta de sanciones y la permisividad en el actuar con la misma.

Para ello, puntualizó, se deben generar instrumentos institucionales que abonen a la mejor operación del desarrollo urbano y de su mejor gestión

Por su parte, Roque González Escamilla, también de la AMU, agradeció que se les haya tomado en cuenta para participar en una tarea tan importante y trascendente, pues “una mala planeación urbana afecta por siempre a muchas generaciones”.

 Asimismo, manifestó su beneplácito porque la planeación urbana, su legislación, fuera parte de la agenda pública y destacó que a pesar de que hay avances en la nueva ley, se debe hacer una revisión cuidadosa pues, desde su punto de vista, en algunos puntos “se propiciaría la corrupción”.

Además, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, integrante de esta organización, señaló que la ley debe profundizar en el establecimiento de instrumentos operativos, que se definan las reglas acerca de la actuación de la inversión privada y de los diferentes actores en el tema.

También dijo, se tienen que atender diversos temas como la planeación, pero sobre todo la gestión, con reglas transparentes e instrumentos de seguimiento y evaluación.

Adicionalmente, Jorge Cattaneo Cramer subrayó que las actuales leyes propician muchos huecos que dan paso a la construcción de viviendas, en donde, con un cambio de paradigma se busca la mayor ganancia posible y no el interés de la clase más necesitada.

Se debe quitar todo esquema ideológico, partidista y clientelar a la ley y constituir reservas territoriales bajo el control de planeación del Estado, afirmó, lo cual se puede realizar a través de un “Banco de suelo”, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

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