Al inaugurarse la Semana del Migrante, el doctor Thomas Lothar Weiss, representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), opinó que la gestión integral de la migración debe hacerse con estricto apego a los derechos humanos.
Hay que garantizar, al mismo tiempo, la seguridad humana, la protección de todas las personas migrantes y la integración socioeconómica para los repatriados, precisó.
Estimó que ello representa una tarea gigantesca, particularmente cuando los flujos migratorios son mixtos, incluyendo a personas refugiadas y con necesidades de protección internacional.
Destacó que México ha realizado reformas legales dirigidas a proteger y garantizar los derechos de las personas migrantes, como la despenalización de la migración irregular en 2008, el cambio constitucional en materia de derechos humanos de 2011, la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, la Ley de Migración y la Ley General de Trata de Personas.
Hizo notar que “las buenas prácticas migratorias abundan en México, como la Red Consular de México en Estados Unidos, el programa 3x1, operado por la Secretaría de Desarrollo Social, el Programa Paisano”.
Por su parte, la senadora panista Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, señaló que el fenómeno migratorio entraña un sinnúmero de contradicciones y una de ellas es que se ha convertido en una realidad que deshumaniza a las personas.
“Es una tragedia humanitaria que muchas mujeres sepan que en el trayecto hacia el norte serán violadas, y por amor a sus familias aceptan el riesgo. Hay ONG’s que señalan que eso le ocurre a seis de cada diez mujeres, e igual de trágico es que el número de niños no acompañados año tras año sea mayor”, mencionó.
Calificó de irracional que los países destinen enormes cantidades de recursos económicos, tecnológicos y humanos para perseguir un fenómeno que tiene su raíz en la falta de oportunidades para salir adelante.
Añadió que esas cantidades millonarias debieran destinarse al desarrollo social o a proyectos productivos, pero terminan gastándose para sostener burocracias encargadas de detener y deportar personas”.
En su turno, la senadora Layda Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano, aseguró que México tiene como “medalla de vergüenza” ser de los países que expulsan más migrantes y que tiene las leyes más deplorables en la materia y por ello “dejan mucho que desear”.
“Estamos acostumbrados a ver hacia el norte, a levantar la mano pidiendo justicia a los Estados Unidos, y no nos dábamos cuenta que con el pie estábamos aplastando a todos los que atravesaban la frontera sur”, señaló.
Por su parte, Humberto Mayans Canabal, senador del PRI y titular de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, opinó que sólo con una visión de integralidad y transversalidad, “vamos a poder enfrentar los retos de la frontera sur, y sobre todo en el tema de migración”.
Subrayó que para tener una frontera sur en donde se respeten los derechos humanos de los individuos, se requiere una frontera próspera, de tal suerte que las políticas del Estado mexicano tendrán que orientarse para desarrollar los cuatro estados fronterizos y para invertir en el desarrollo de los 23 municipios que integran la frontera sur.
En tanto, el senador perredista Zoé Robledo Aburto, quien tiene a su cargo la Comisión Especial Sur-Sureste, dijo que la migración debe ser entendida como un fenómeno histórico que siempre ha existido, que “nutre a las sociedades y permite la evolución de la raza humana”.
En su opinión, la migración tiene que ver con otras esferas como el desarrollo económico, la igualdad de oportunidades, con la protección y el trato humanitario en las rutas migratorias, con el reconocimiento de sus derechos humanos.
En tanto, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, señaló que el gobierno federal tiene una amplia y ardua tarea en la defensa de los mexicanos que han salido en busca de mejores oportunidades.
Comentó que otro gran reto es atender eficazmente la reintegración de los mexicanos repatriados.
“Esto --agregó-- demanda recursos financieros y humanos, mejor infraestructura, equipamiento, coordinación entre órdenes de gobierno y dependencias, y multiplicar los alcances de las acciones que el Estado mexicano ha iniciado desde el 2007 para enfrentar la tendencia creciente de retorno”.
La funcionaria informó que de enero a agosto de este año el número de mexicanos repatriados superó los 262 mil.
A su vez, Luis García López Guerrero, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, coincidió en que los crecientes flujos migratorios representan uno de los retos más grandes en el mundo moderno y uno de los desafíos humanitarios de mayor trascendencia en la materia.
Indicó que el Estado mexicano tiene el papel fundamental de garantizar y proteger los derechos humanos de los migrantes, cualquiera que sea su origen o condición, por lo que es urgente que todos entendamos que la persona que cambia de país no comete un delito, y quien decida hacerlo lleva consigo todos sus derechos y libertades.
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