Con ello, se busca realizar una revisión anticipada del trabajo legislativo para el nuevo ordenamiento, con la participación de las instituciones que operan el sistema penal, académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil, consejeros técnicos y legisladores.
En esta ocasión se examinaron los procesos relativos a las medidas de protección, providencias precautorias, medidas cautelares, oralidad, embargo de bienes e inmovilización de cuentas, incumplimiento de citatorio y medidas cautelares, así como procedimientos simplificado y abreviado, entre otros.
En entrevista, el senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, señaló que el simulador ha permitido “ver las áreas de oportunidad para corregir, ajustar y modificar la redacción del dictamen”.
Informó que en esta ocasión se revisaron 14 artículos, los cuales fueron probados en distintas representaciones videograbadas que simulan casos reales, con jueces, ministerios públicos, defensores y víctimas.
En el ejercicio, explicó, se detectaron áreas de oportunidad para realizar ajustes respecto a la redacción y orden en la secuencia de participación de las partes, Ministerio Público y jueces.
Aseguró que el anteproyecto reflejará las sugerencias del Consejo Técnico que colabora con la Comisión, que tiene que ver, principalmente, “con redacciones contradictorias, demasiado amplías, redundantes y el hecho de que no se distingan algunos supuestos con claridad”.
“Son observaciones pertinentes que permitirán mejorar la redacción del dictamen que la Comisión está elaborando”, enfatizó.
Previo al análisis del simulador, José Antonio Caballero, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), precisó que este mecanismo marca la agenda de capacitación y transformación cultural, que implica el implementar un nuevo sistema de justicia penal, “porque necesitamos buenas leyes, pero necesitamos operadores capacitados para aplicarlas”.
“En esta práctica lo que vemos son operadores con experiencia tratando de medir cuáles son los límites, alcances y ventajas del nuevo sistema de justicia penal”, dijo.
En tanto, Alejandro Ponce de León, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Integral (USAID), aseguró que el objetivo principal de este ejercicio fue cubrir las áreas de oportunidad, como lagunas en el anteproyecto, temas que no están específicamente regulados y les puedan crear problemas al Ministerio Público o a los jueces para resolver algún tema.
También, afirmó, para detectar inconsistencias, posibles contradicciones y normas que puedan dar lugar a interpretaciones contradictorias, que posiblemente lleguen a ser “peligrosas” en la aplicación, las cuales provoquen violación a derechos fundamentales o impunidad.
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