El Senado de la República aprobó en lo general con 74 votos a favor y 50 en contra, la minuta a la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, como parte del Paquete Económico 2014 que propuso el Ejecutivo Federal.
En el dictamen se explica que los cambios a la Ley de Coordinación Fiscal buscan mejorar diversos aspectos en materia de federalismo hacendario, a través del fortalecimiento de la capacidad financiera de los tres órdenes de gobierno, robusteciendo los incentivos recaudatorios de las entidades federativas y municipios, que se otorgan mediante los Fondos de Participaciones Federales.
Asimismo, destaca que con esta reforma se fomenta la recaudación eficiente de impuestos y un mejor empleo de las bases gravables.
De igual manera pretende obtener mayor eficiencia en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de Gasolinas, al conseguir información por parte del Servicio de Administración Tributaria y al convertir a Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sujeto de un impuesto equivalente, participando los recursos a las entidades conforme la mecánica actual.
Se explica que con el Fondo de Fomento se dará un incentivo para la administración del predial de manera coordinada entre estados y municipios, el cual comenzará a partir de 2015.
También se actualizan los destinos de los fondos de aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y para la Infraestructura Social (FAIS), para mejorar su aplicación.
En cuanto a la estabilidad de las haciendas de los estados petroleros, la reforma permite la creación del Fondo de Estabilización del Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) y su participación sería voluntaria, donde la Federación coadyuvaría en su administración.
De igual manera, el Pleno avaló las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el objetivo de que sea la Tesorería de la Federación, a través de la Secretaría de Educación Pública, quien realice directamente los pagos al personal educativo a partir de 2015.
Para ello, se estipula que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) sustituya al de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), a fin de que “la Federación logre un adecuado control administrativo y operativo de la nómina de los maestros descentralizados”.
Además, establece que durante 2014 se realizará la conciliación de la nómina magisterial entre la Secretaría de Educación Pública y las entidades federativas, a efecto de “otorgar mayor transparencia y orden en el ejercicio del gasto”.
Los senadores convinieron que el monto total del FONE sea determinado de acuerdo con las plazas registradas en el recientemente aprobado Sistema de Información y Gestión Educativa, incluyendo las erogaciones por concepto de prestaciones autorizadas, impuestos federales y aportaciones de seguridad social, así como las ampliaciones autorizadas el año inmediato anterior.
Asimismo, los estados deberán presentar información sobre el número y tipo de plazas docentes y la SEP tendrá que publicar en su página de Internet los datos referentes al sector educativo.
En el dictamen se deja en claro que el criterio para la creación de plazas con cargo al FONE estará alineado con los propósitos de la reforma educativa, con los objetivos de la recientemente aprobada Ley General del Servicio Profesional Docente y con los recursos que específicamente apruebe la Cámara de Diputados.
En cuanto a los incrementos salariales --se explica-- éstos se deberán determinar con base en la disponibilidad de recursos públicos federales aprobados por la Cámara de Diputados para las plazas que fueron descentralizadas a los estados, así como en las metas y objetivos contenidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente y los resultados alcanzados.
Por otro lado, se indica que la negociación del incremento de las remuneraciones se llevará a cabo por parte de los patrones, que son las autoridades específicas de los estados, una representación de los trabajadores, a través de su sindicato y un representante de la SEP.
Los legisladores aclararon que el incremento en las remuneraciones que, en su caso se acuerde, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los medios oficiales de difusión de las entidades federativas para que produzca sus efectos.
Al fundamentar la minuta, el senador del PRI, Gerardo Sánchez García señaló que el dictamen de la Ley de Coordinación Fiscal, hace del federalismo un eje sólido y primordial que incide en la ejecución de un gasto público más eficiente para los estados, combate discrecionalidades y atenúa la inequidad en la distribución del ingreso.
Sienta las bases para que a través del Gobierno Federal sea eficiente y transparente el pago de la nómina docente en las entidades federativas, a través del FONE, “que se reflejará en un adecuado control administrativo del pago de esta nómina cuya función dejará de ser facultad de los estados”, expresó.
Aseguró que la reforma al artículo 73 de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental, abona al control administrativo de la nómina magisterial, ya que se exige a los estados transparentar la información relativa al número de plazas docentes y publicarla en el portal de la SEP.
En cuanto al Fondo de Aportaciones, precisó que se establecen los montos de recursos para la educación: 46 por ciento al otorgamientos de los desayunos escolares, apoyos alimenticios y de asistencia social; 54 por ciento para la construcción, equipamiento y rehabilitación de la infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior.
“Las escuelas podrán contar con recursos etiquetados para reconstruir muchos de los espacios educativos que hoy en día se encuentran en condiciones deplorables”, apuntó.
Para fijar la postura del grupo parlamentario del PRI, Alejandro Tello Cristerna aseguró que las reformas fortalecerán la capacidad financiera de los tres órdenes de gobierno, “robusteciendo los incentivos recaudatorios de las entidades federativas y municipios que se otorgan mediante los fondos de participaciones federales”.
Dijo que el dictamen transparenta y hace más eficiente el financiamiento de la educación básica y normal, así como el gasto operativo asociado a la misma.
Aclaró que con la sustitución del FAEB por el FONE, “la Federación logrará un adecuado control administrativo y operativo de la nómina de los maestros descentralizados”.
En tanto, el senador Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, señaló que la propuesta de Ley de Coordinación Fiscal “tiene tres gravísimas deficiencias”: en el rubro educativo atenta contra los artículos 116, 123 y 133 de la Constitución y excede la atribución del Congreso en materia laboral establecida en el artículo 73, además representa un “contrasentido” en cuestiones de transparencia.
Dijo que el FAEB se convierte en un fondo para pagar la nómina y el gasto operativo, por lo que pierde su capacidad de desarrollo, de que se ejerza con base en normatividades locales y no incluye un solo estímulo para la calidad y la equidad.
De esta manera, la SEP, a través de la Tesorería de la Federación, se convertirá en la pagaduría más grande de América Latina y probablemente del continente y ahora los desequilibrios de carácter laboral se van a atender en la Ciudad de México.
A nombre del PRD, el senador Mario Delgado Carrillo afirmó que la creación del FONE para volver a centralizar la nómina de los maestros “no necesariamente va a garantizar que mejore la calidad del gasto” educativo.
Dijo que en los años 90 se presentó una “descentralización educativa absolutamente fallida” porque --por los privilegios que se dieron de manera discrecional-- se pactó la nómina que en ese momento tenían los estados y “nos subimos a un gasto inercial” que nunca correspondió a las necesidades para financiar los retos del sector en las entidades federativas.
Además, dijo que la exclusión del Distrito Federal del FAIS tuvo un costo, para esta entidad, de 10 mil millones de pesos, por lo que destacó la corrección de esta “injusticia” y se le dé a la Ciudad la oportunidad de participar en este Fondo.
Por el PVEM, el senador Luis Armando Melgar Bravo precisó que el dictamen evita la centralización del ejercicio del poder público y abona a un gobierno compartido y al respeto de la diversidad política para que la ciudadanía se beneficie de una mejor coordinación entre los diversos órdenes de gobierno.
Dijo que se fortalece la capacidad financiera de los tres niveles de gobierno, generando incentivos para incrementar la recaudación de las entidades federativas, así como de los municipios, mediante los fondos de participaciones federales.
Expresó que se busca mayor transparencia en el ejercicio del gasto para que las entidades federativas hagan públicos los montos que recibirán de la federación, ya que estamos sentando las bases de un nuevo arreglo, en el que reconocemos que los estados son diversos y contrastados”.
El senador del PT, Manuel Bartlett Díaz puntualizó que la propuesta del Ejecutivo presenta la cifra más alta de déficit en los últimos cuatro sexenios, ya que plantea deslizar para el 2014, 3.5 por ciento del PIB, que equivale a alrededor de 500 mil millones de pesos; 2015, 3.0 por ciento; 2016, 2.5 por ciento; 2017, 2.2 por ciento; 2018, 2.0, por ciento.
“Con estos criterios económicos estamos viendo que el sexenio en general será deficitario los seis años”, advirtió.
Los ingresos excedentes del petróleo, se sujetan a una serie de cambios que “lesionan” la orientación del gasto, “ya que se deja de considerar con cargo a las finanzas públicas la inversión en infraestructura para Pemex, perfilándose hacia la privatización”, dijo.
En la discusión en lo particular, el senador perredista Raúl Morón Orozco anunció que votaría en contra del dictamen, debido a que propone volver a un esquema marcadamente centralista, donde el Ejecutivo Federal ejercía un dominio pleno sobre las autoridades estatales y los trabajadores, además de que aumenta la dependencia financiera.
A favor del dictamen, la senadora Mónica Arriola Gordillo, de Nueva Alianza, dijo que es loable la creación del FONE porque generará un adecuado control administrativo de la nóminas magisterio; sin embargo, con esta decisión se regresa a la “centralización de los recursos educativos”, por lo que “quiero dejar manifiestas mis dudas sobre si esta es la solución más idónea y me preocupa que se vulnere nuestro federalismo”.
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