Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos, Primera, Zepeda Molina explicó que el organismo que encabeza es un órgano regulador en materia de exploración y extracción de hidrocarburos, por lo que no es regulador en materia de refinación, de petroquímica, transporte o electricidad.
Explicó las razones del porqué es necesario un regulador específico, toda vez que esto se da en la etapa de exploración y extracción, que es donde se genera la gran riqueza, “donde se genera la llamada renta petrolera”.
Precisó que esa riqueza surge en la exploración, cuando se descubre el yacimiento y se materializa cuando se produce el petróleo y ese ingreso extraordinario, “ese ingreso que va por arriba de los costos económicos, es un ingreso que no corresponde a lo que se invirtió”.
Esa ganancia, dijo, que no corresponde a la inversión es la renta, por lo que ésta no le corresponde a las empresas petroleras, ni a Pemex ni a ninguna otra, es y debe ser capturada por la vía de impuestos y de regalías en favor de la nación.
“Es por lo extraordinario de los ingresos que se generan por la exploración y producción que los países petroleros tienen reguladores especializados en esta materia para asegurarse que esa ganancia se va aprovechar al máximo”, comentó.
Por ello, destacó dos puntos esenciales, uno asegurar que se explota a cabalidad el territorio nacional y sus aguas territoriales, que se localizan los yacimientos posibles y que una vez descubiertos, los producimos con la mayor eficiencia, con la mejor tecnología, al menor costo.
Indicó que además son tres las actividades que tiene el Estado frente a la industria petrolera en materia de extracción y exploración: la definición de la política de hidrocarburos, es decir, un rol que lleva a cabo el Ejecutivo a través de la Secretaría de Energía; el regulador técnico y el rol del operador de la empresa estatal.
Resaltó la importancia de distinguir cada uno de los roles en los momentos en que se esté procesando la reforma energética, e indicó que es necesario no confundir roles porque de otra forma, los distintos jugadores podrían tener conflictos de interés.
Precisó que una atribución del Estado es quién define los contratos, las licencias que se deben asignar, dijo que este es un ejercicio de política de hidrocarburos.
Hizo referencia a experiencias de países como Brasil, Colombia, Noruega, Canadá, Australia y Estados Unidos, en donde la definición de las áreas para los contratos es una atribución del Ministerio de Energía.
Indicó que la administración de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos es una parte crucial, toda vez que significa aprobar el plan de desarrollo del proyecto, que ese yacimiento se va a explotar en los mejores términos para la Nación, además de que aprobar los presupuestos de inversión, los planes anuales de trabajo y el perfil de producción.
A esto, expuso la situación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en donde dijo que se ha avanzado en materia de regulación y destacó que al día de hoy todas las reservas que cuantifica Pemex tienen respaldo y una consistencia con una certificación internacional.
Subrayó que la CNH tiene independencia técnica y la regulación que se elabora se vota en el pleno de la Comisión con el voto de cinco comisionados, pero resaltó que existen imperfecciones en el marco jurídico.
“Estamos, dijo, lejos de una autosuficiencia presupuestaria, las carencias presupuestarias han afectado la capacidad de regulación, supervisión, análisis y acopio de información”.
También, abundó, es notoria la carencia de algunas facultades que tienen otras agencias, como es la creación del banco de datos, la atribución para emitir y regular permisos de exploración superficial y la facultad para regular la perforación de pozos.
Por ello, consideró que “se requiere perfeccionar el marco legal de la Comisión, sobre todo si se hace una reforma energética que tenga otro alcance”.
--ooOOoo--