Así lo reveló la senadora priísta Margarita Flores Sánchez, al presentar la iniciativa que reforma y adiciones a los artículos 34 y 40 de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal y General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objetivo conceder mayores facultades a las secretarias de Economía y del Trabajo para promover la promoción de oportunidades empresariales, autoempleo e inicio de empresas propias a este sector de la población.
Dicha propuesta fue signada también por las legisladoras Hilda Esthela Flores Escalera, Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, María del Rocío Pineda Gochi y Angélica Araujo Lara.
“No es posible construir una sociedad incluyente si no partimos del pleno reconocimiento de la dignidad de todas las personas, consagrado en un sinnúmero de instrumentos nacionales e internacionales, de protección de derechos humanos”, enfatizó Flores Sánchez al dar a conocer una serie de obstáculos que enfrentan las personas con discapacidades diferentes, principalmente en materia laboral.
La Enadis, abundó, apunta que 14 por ciento de las personas con discapacidad no obtienen una remuneración y sólo 19.1 por ciento cuenta con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades, “lo que nos habla de la calidad de empleo al que accede este grupo”.
Precisó que 18.7 por ciento de este sector de la población contratada gana menos de un salario mínimo mensual; 24.9 de uno a menos; 16.5 de dos a menos de tres; 11.2 de tres a menos de cinco y 5 puntos porcentuales de cinco a menos de diez salarios mínimos; únicamente 2 por ciento de las personas con discapacidad percibe entre diez y más salarios mínimos. “Es decir, cerca del 60 por ciento gana menos de dos salarios mínimos”.
A esto se agrega el hecho que 78 por ciento reporta que les es “difícil o muy difícil” acceder a los programas de apoyo gubernamentales, además de que el 67 por ciento de los servicios de salud son insuficientes, pues no les brindan la atención requerida acorde a su situación de discapacidad.
En materia de derechos humanos, 70 de cada 100 personas en el país consideran que no se respetan o sólo se reconocen en parte las garantías de la población con discapacidad; empero, 93.8 por ciento de las personas con capacidades diferentes reportan igual opinión. La iniciativa se turnó para dictamen a las comisiones unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda.
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