La senadora Marcela Torres Peimbert recomendó incrementar de 10 a 20 por ciento el monto del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas que propuso el Ejecutivo Federal, y que el monto recaudado se aplique para permitir el acceso al agua potable en zonas rurales, escuelas, espacios públicos y en programas de prevención de la obesidad.

La legisladora de Acción Nacional señaló que el agua es un recurso inequiparable para el ser humano, y “quien intente y pretenda argumentar el agua potable se puede intercambiar por el consumo de otras sustancias, incurre en una grave falacia y atenta contra la vida misma”.

Aseguró que actualmente no existe ningún programa nacional para la introducción de agua simple potable y gratuita en las escuelas y en los espacios públicos en México.

Dijo que según la Encuesta Nacional de Salud, en escolares 2008, solamente 55.9 por ciento de las primarias y 60.6 por  ciento de las secundarias a nivel nacional cuentan con agua para beber de manera gratuita.

Recordó que ante la problemática que representa el consumo de refrescos y bebidas azucaradas para la salud, el Ejecutivo presentó en su Reforma Hacendaria el IEPS a las bebidas azucaradas, “lo que representa un gran paso hacia la promoción de hábitos de consumo más saludables”.

Esto es un gran avance que hay que reconocer, apuntó.

Sin embargo, insistió en que el porcentaje de recaudación debe aumentar al 20 por ciento, ya que el impuesto especial al refresco no tiene únicamente un fin recaudatorio, “su bondad se encuentra precisamente en los fines extrafiscales que están directamente vinculados con la salud de las y los mexicanos”.

Explicó que los fines extrafiscales de salud del impuesto a las bebidas azucaradas buscan reducir el consumo de éstas y obtener los recursos necesarios para proveer de agua potable a las escuelas públicas y las zonas más depauperadas del país.

Estimó que dotar de bebederos de agua a las escuelas públicas y de agua potable a las zonas marginadas del país “es un verdadero acto de justicia, no hay un impuesto que se legitime mejor que aquel que busca recaudar fondos, para concretar uno de los derechos más esenciales de los seres humanos, contar con agua para beber, para vivir sana y plenamente”.

El punto de acuerdo, que también fue suscrito por los senadores Zoé Robledo Aburto y Javier Corral Jurado, se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictamen.

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