Cada año se incorporan aproximadamente  35 mil hectáreas rurales al desarrollo de urbes, lo cual representa una amenaza a la producción agrícola nacional, además de un alto costo de obras públicas por la expansión de construcción de viviendas.

Así lo advirtió la senadora priísta  Lisbeth Hernández Lecona, al presentar ante el Pleno un punto de acuerdo para exhortar al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)  que implemente acciones y medidas necesarias para regular la urbanización en zonas ejidales y comunales dedicadas a la agricultura en el territorio nacional.

La propuesta, firmada por las también legisladoras tricolor  Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, destaca que  la afectación de la mancha urbana  sobre las zonas rurales ha originado que los campesinos sean víctimas de la especulación inmobiliaria y de procesos expropiatorios.

Ello, además, ha  provocando la pérdida de las tierras dedicadas al campo y a la producción de alimentos, lo cual es preocupante si se contempla que es la actividad productiva de más de la cuarta parte de la población,  por lo que representa un motor en el desarrollo económico, social y ambiental.

“Las mejoras en los índices de nutrición, educación, salud, vivienda y acceso a servicios, así como el dinamismo económico del campo, constituyen estímulos al potencial productivo de la población rural, generando un círculo virtuoso de progreso y crecimiento productivo que puede mejorar significativamente las condiciones de vida en amplias zonas del país”, enfatizó Hernández Lecona.

“El descontrol sobre el cambio de uso de tierras ejidales para construir zonas habitaciones o comerciales –enfatizó-  no sólo ha generado desorden territorial, sino que también afecta a los ejidatarios que carecen de una asesoría adecuada para la comercialización de terrenos para nuevos desarrollos de vivienda, los cuales  en diversas ocasiones incluso llegan a ser despojados de sus propias tierras”.

Aclaró que su propuesta significa que el desarrollo urbano se debe frenar, pues “es una necesidad prioritaria que más personas cuenten con viviendas propias y dignas”, pero  es necesario evitar que el crecimiento urbano afecte los núcleos ejidales dedicados a la agricultura. El objetivo, concluyó,  es proteger las áreas con potencial agrícola, pecuario o forestal.

La proposición fue turnada a la  Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial para su dictaminación.

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